Apagones, salarios depreciados, cierres de mipymes y reformas laborales incompletas marcaron 2025, profundizando precariedad, informalidad y pérdida del poder adquisitivo.
(CS) – Durante 2025, la situación laboral en Cuba estuvo marcada por un deterioro sostenido de las condiciones de trabajo, la pérdida del poder adquisitivo de salarios y pensiones, la inestabilidad del empleo —especialmente en el sector no estatal— y un contexto económico profundamente condicionado por la crisis energética, la dolarización parcial de servicios básicos y el reforzamiento del control estatal sobre la actividad económica.
El año estuvo atravesado por apagones de alcance nacional, restricciones crecientes al sector privado, cierres de mipymes, incrementos salariales y de pensiones insuficientes frente a la inflación, y un proceso de reforma legal laboral que, aunque presentado como participativo, mantuvo limitaciones estructurales históricas en materia de derechos colectivos y autonomía sindical.
Contexto energético y su impacto en el trabajo
El 15 de marzo de 2025, Cuba sufrió un apagón nacional tras el colapso de su sistema eléctrico, dejando sin suministro a gran parte del país durante horas y, en algunos territorios, días. El restablecimiento fue gradual y evidenció la fragilidad estructural del sistema energético, con efectos inmediatos sobre la producción industrial, los servicios básicos y las condiciones de trabajo.
Un segundo apagón nacional ocurrió entre el 10 y el 11 de septiembre, el quinto colapso generalizado en menos de un año. Antes de este evento, varias provincias ya enfrentaban cortes superiores a 16 horas diarias, lo que impactó directamente la productividad laboral, forzó extensiones de jornadas nocturnas, generalizó el uso de generadores improvisados y elevó los riesgos laborales.
El 3 de diciembre, un nuevo colapso parcial del sistema eléctrico, concentrado en el occidente del país, dejó sin electricidad a La Habana y otras provincias. Las escuelas suspendieron clases presenciales, pequeños negocios cerraron o funcionaron de manera intermitente, y el transporte urbano se vio severamente afectado. Estas interrupciones recurrentes agravaron la precariedad laboral, especialmente en el sector privado y en actividades dependientes de la electricidad y la conectividad.
A mediados de diciembre, la incautación por parte de Estados Unidos de un petrolero con crudo venezolano destinado a Cuba elevó el riesgo de desabastecimiento energético. Un análisis de The Wall Street Journal advirtió que las restricciones al suministro de combustible empujaban al país hacia un escenario de mayor contracción económica, con consecuencias directas sobre el empleo y la producción.
Internet, dolarización y brecha digital laboral
En junio de 2025, la empresa estatal ETECSA introdujo nuevas tarifas y límites al acceso a internet, priorizando paquetes en divisas y restringiendo las opciones en pesos cubanos. Según Reuters, la medida generó un amplio rechazo social, particularmente entre estudiantes y trabajadores, al encarecer el acceso a un recurso clave para el trabajo, la educación y la comunicación.
Tras protestas y críticas públicas, el Gobierno anunció un retroceso parcial, habilitando condiciones especiales para estudiantes y algunos sectores, sin revertir la dolarización estructural del servicio. Esta política profundizó la brecha digital laboral, afectando de manera desproporcionada a trabajadores con salarios en CUP, jubilados y pequeños emprendedores que dependen de la conectividad para sostener actividades económicas.
Salarios, empleo y participación laboral
De acuerdo con la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI), el salario medio mensual en el sector estatal durante el primer semestre de 2025 alcanzó los 6.649 CUP, un incremento interanual del 16,4 %. Sin embargo, medios independientes señalaron que, al tipo de cambio informal vigente en el segundo semestre, ese salario equivalía aproximadamente a 16 dólares mensuales, insuficiente para cubrir necesidades básicas, estimadas aproximadamente en 50.157 pesos (CUP), valor mensual actual de la canasta de bienes y servicios de referencia (CBSR) por persona.
Datos de la ONEI divulgados hasta septiembre indicaron que el salario medio mensual del sistema empresarial y presupuestado ascendió a 6.685,3 CUP, confirmando que los aumentos nominales no se tradujeron en una mejora real del poder adquisitivo.
Asimismo, datos del organismo estatal mostraron que más de la mitad de la población en edad laboral no trabajaba ni buscaba empleo, un indicador que refleja un proceso sostenido de desincentivo laboral, asociado a la migración, la expansión de la informalidad y el abandono del mercado de trabajo formal.
Seguridad y salud en el trabajo
En materia de seguridad y salud laboral, la ONEI reportó que durante el primer semestre de 2025 se registraron 436 accidentes de trabajo, con 420 personas lesionadas y 15 fallecimientos. Aunque la prensa oficial presentó estas cifras como una mejora relativa, no se publicó un cierre anual completo.
En noviembre, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) impulsó la Jornada Nacional de Seguridad y Salud del Trabajo, centrada en campañas de sensibilización. No obstante, sindicatos independientes y medios como Martí Noticias denunciaron carencias persistentes de equipos de protección personal, especialmente en sectores de alto riesgo como la construcción, la industria y el transporte.
Los apagones prolongados, el trabajo nocturno forzado y el uso de generadores eléctricos improvisados incrementaron los riesgos laborales, sin que se informaran medidas estructurales para mitigarlos.
Pensiones y situación de los jubilados
Entre agosto y septiembre de 2025, el Gobierno puso en vigor un incremento parcial de pensiones mediante la Resolución 14/2025 del MTSS, beneficiando principalmente a jubilados con ingresos inferiores a 4.000 CUP. Según la Gaceta Oficial y el propio MTSS, los pagos adelantados comenzaron el 20 de agosto y la medida entró en vigor el 1 de septiembre.
Sin embargo, medios independientes documentaron que el aumento resultó insuficiente frente a la inflación y el encarecimiento de alimentos, medicamentos y servicios dolarizados. Reportajes publicados a lo largo del año describieron situaciones de inseguridad alimentaria, pobreza y dependencia de remesas entre adultos mayores.
Sector no estatal, mipymes y empleo privado
Uno de los hechos laborales más relevantes de 2025 ocurrió en diciembre, cuando el Gobierno anunció el cierre parcial o total de al menos 65 mipymes privadas tras auditorías estatales. Según medios independientes, se auditaron 869 entidades y se alegaron irregularidades contables y fiscales.
El cierre tuvo un impacto directo sobre el empleo, dejando a cientos de trabajadores sin ingresos en un contexto de salarios estatales deprimidos y escasas alternativas laborales. La medida evidenció el carácter condicionado y reversible de la tolerancia estatal hacia el sector privado.
Este episodio se produjo tras un año de presión creciente. En marzo de 2025, IPS Cuba reportó que 1.921 establecimientos fueron cerrados temporal o definitivamente tras más de 61.000 inspecciones del Ministerio de Finanzas y Precios, confirmando el endurecimiento del control estatal sobre la actividad económica no estatal.
Aunque cifras oficiales indicaban la existencia de más de 11.000 mipymes registradas, análisis académicos citados por la Universidad de Columbia señalaron que el crecimiento del sector estaba prácticamente detenido debido a límites de empleo, alta carga fiscal y acceso restringido a financiamiento.
En 2025, el Ministerio de Finanzas y Precios anunció la eliminación del listado de 127 actividades permitidas para el trabajo por cuenta propia, ampliando formalmente el espectro de actividades legales. En la práctica, esta flexibilización coexistió con mayores controles, inspecciones y cierres, manteniendo elevados niveles de informalidad laboral y precariedad.
Marco legal y Código de Trabajo
Durante el año continuó el proceso de consulta del anteproyecto del nuevo Código de Trabajo, presentado oficialmente como participativo. Según medios oficiales cubanos, más de dos millones de personas habrían participado en debates en centros laborales, y el proceso fue extendido hasta diciembre.
Aunque el texto incorporó figuras como el teletrabajo y la desconexión digital, mantuvo restricciones fundamentales, entre ellas la ausencia del derecho a huelga, la subordinación sindical al Estado y la falta de mecanismos efectivos de negociación colectiva.
Además, el anteproyecto no incluye de manera expresa ni sustantiva las disposiciones centrales de los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo, relativos a la libertad sindical y a la negociación colectiva. Esta omisión ha sido señalada de forma reiterada por el Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, sin que las observaciones hayan sido incorporadas en las versiones conocidas del texto. La Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) ha advertido en múltiples ocasiones que la exclusión de estos estándares internacionales consolida la subordinación sindical al Estado y priva a los trabajadores de mecanismos reales de defensa colectiva, independientemente del carácter participativo atribuido oficialmente al proceso de consulta.
Cierre del año y tratamiento laboral
El 30 de diciembre de 2025, el MTSS informó sobre el tratamiento laboral y salarial para los días de fin e inicio de año, incluyendo reglas sobre feriados, pagos y recesos laborales. El anuncio se produjo en un contexto marcado por apagones, inflación y cierres empresariales, factores que limitaron su impacto real sobre el bienestar de los trabajadores cubanos.
En conjunto, el panorama laboral de 2025 reflejó la persistencia de desequilibrios estructurales en el mercado de trabajo cubano, marcados por la pérdida de ingresos reales, la precarización del empleo, el aumento de la informalidad y un marco regulatorio que no incorporó estándares internacionales básicos en materia de derechos laborales. Al cierre del año, salarios, pensiones y empleo continuaron condicionados por la crisis energética, la inflación y el control estatal sobre la actividad económica, sin señales claras de mejora sostenida para los trabajadores.