Crisis sanitaria, escasez de medicamentos y pobreza convierten la hipertensión en una sentencia silenciosa para miles de cubanos cada día.
La Habana (Sindical Press) – Por si no bastaran los desaguisados dentro del manicomio socialista, ahora las máximas autoridades, tanto en el ámbito político como en el de la salud pública, redoblan su atención en el control de la hipertensión arterial, un padecimiento que afecta al 37,3% de la población, según datos publicados por la Unidad de Promoción de Salud y Prevención de Enfermedades (Prosalud).
La cifra revela que la prevalencia es lo suficientemente alta como para inferir que cada año mueren numerosas personas por complicaciones derivadas de crisis hipertensivas, muchas de ellas evitables bajo condiciones normales de atención y tratamiento.
La preocupación institucional por un fenómeno que afecta a más de un tercio de los cubanos, además de constituir una reacción tardía, no logra convencer de que se trate de un esfuerzo sostenido, ni en materia de prevención ni en la garantía de que cada paciente reciba las tabletas prescritas de forma sistemática.
Estas últimas rara vez llegan a tiempo a las farmacias. Vale señalar que solo una parte se distribuye en las dependencias públicas; el resto circula en el mercado negro, cuyos precios oscilan entre 300 y 500 pesos por un blíster de 30 pastillas. A esta escasez se suma la irregular disponibilidad de productos de la llamada medicina natural y tradicional, promovidos durante años como alternativa, pero que tampoco logran cubrir la demanda ni ofrecer continuidad en el tratamiento.
Si el salario medio ronda los 6650 pesos y las pensiones apenas superan los 3000 pesos (13 y 6 dólares al cambio actual de 500 pesos por dólar), no son muchos los que pueden destinar parte de su presupuesto a la adquisición de antihipertensivos. La mayoría prioriza productos de primera necesidad, sobre todo alimentos, cuyos precios no dejan de aumentar.
La lucha contra el hambre encabeza la lista de prioridades y los asuntos relativos a las enfermedades quedan relegados a los últimos lugares. En la práctica, el control de una enfermedad crónica pasa a depender de la capacidad individual de resolver, no de un sistema que garantice continuidad.
A menudo, los paliativos para mitigar un pico hipertensivo se limitan a andar descalzo, beber abundante agua o tomar un paracetamol para el dolor de cabeza, medidas que distan de constituir un tratamiento efectivo.
Sin posibilidad de llevar una dieta equilibrada y saludable, sin acceso estable a medicamentos y con niveles de estrés en continuo aumento, los infartos están a la orden del día. El deterioro de las condiciones de vida actúa como un factor agravante constante.
Por las redes sociales circula la noticia de la muerte de un jubilado tras sufrir un ataque cardíaco, luego de ser multado con 16 000 pesos por revender pan en la vía pública. El hecho ilustra el punto de presión al que pueden verse sometidos quienes, además de enfermar, enfrentan un entorno económico asfixiante.
Que el asunto haya captado la atención del presidente designado, Miguel Díaz-Canel, y del ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, presentes en una reunión con expertos donde se abordaron los resultados del proyecto HEARTS —iniciativa liderada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) dirigida a fortalecer la atención primaria y mejorar las prácticas clínicas— no constituye, por sí mismo, un indicador de progreso en la vida cotidiana de los pacientes.
Más bien parece otra cortina de humo, desplegada sin pudor ante la acumulación de problemas para los que no existen soluciones estructurales visibles.
Lo cierto es que un número considerable de hipertensos cubanos desafía a la muerte cada día. La crisis sistémica los empuja a un desenlace previsible: el hambre, las noches en vela por el calor y los apagones, los salarios insuficientes, la ausencia de medicamentos y hasta multas impuestas por actos de mera supervivencia son factores cotidianos que pueden precipitar un evento cardiovascular fatal.
Fuentes oficiales indican que en 2025 hubo más de 30 000 muertes por enfermedades cardiovasculares, principal causa de muerte en Cuba.
El problema es la incapacidad de sostener, en la práctica, un sistema que permita a los pacientes tratarse de forma continua, incluso en sus alternativas más básicas.