La decisión afecta únicamente a la brigada médica y no implica terminación del Acuerdo Subsidiario de Cooperación en Salud Pública.
Dublín (Annarella Grimal / DDC) – Guatemala no renovará a partir de este año los contratos de los médicos cubanos que operan bajo el acuerdo con La Habana, poniendo fin paulatinamente a la Brigada Médica de la Isla en ese país. Así lo confirmó el Ministerio de Relaciones Exteriores (MINEX), tras la difusión en redes sociales de una comunicación diplomática dirigida a la Embajada de Cuba en el país.
Según el medio Prensa Libre, la Cancillería confirmó la veracidad del documento mediante el cual notificó al Gobierno de Cuba la decisión de no prorrogar los convenios del personal de salud cubano, que continuará en funciones hasta completar la programación prevista.
“Nosotros seguimos trabajando hasta que se vaya el último colaborador; o sea, no habrá relevo”, dijo a DIARIO DE CUBA un médico cubano en Guatemala.
El MINEX precisó que la decisión afecta únicamente a la brigada médica y no implica, por ahora, la terminación del Acuerdo Subsidiario de Cooperación en Salud Pública, firmado el 14 de agosto de 2024 y con vigencia hasta 2027. No obstante, evitó precisar los motivos de la medida y trasladó la responsabilidad de definir los plazos concretos y de la gestión del proceso al Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social (MSPAS) guatemalteco, entidad firmante del convenio. “La información sobre fechas específicas corresponde al Ministerio de Salud”, indicó la comunicación.
Hasta el cierre de esta nota, las autoridades cubanas no habían emitido una postura oficial ni aclarado cómo se organizará la salida del personal cubano, que se mantiene desinformado al respecto.
La Brigada Médica Cubana opera en Guatemala desde 1998, cuando llegó al país tras los estragos del huracán Mitch como parte de una misión humanitaria inicial de 19 médicos. El programa se institucionalizó en 2002 mediante la firma del Acuerdo de Cooperación en Materia de Salud entre ambos gobiernos.
En la actualidad, hay unos 420 profesionales cubanos que prestan servicios en el sistema público guatemalteco, según Prensa Libre. De ellos, asegura el diario República, 93 son médicos. Se estima que el salario mensual establecido por Guatemala ronda los 7.000 quetzales por profesional, equivalentes a 900 dólares. Sin embargo, las autoridades cubanas entregan solo una fracción mínima a los trabajadores. El resto, que anualmente asciende a 4,8 billones de dólares, se canaliza directamente al aparato estatal, que apenas reinvierte el 2% en el sistema público de salud de la Isla.
La decisión de no renovar la brigada a partir de 2026 abre interrogantes sobre el futuro de la atención médica en las zonas en las que trabaja y el rumbo de la cooperación sanitaria entre los Gobiernos de Guatemala y Cuba, en un contexto regional de creciente escrutinio sobre este tipo de programas, marcado por cancelaciones en Antigua y Barbuda, pausas en Jamaica y en las Bahamas, así como por señalamientos de la ONU sobre su implementación en Honduras.
En junio de 2025, el Departamento de Estado de EEUU impuso sanciones a funcionarios centroamericanos vinculados a los programas médicos cubanos, retirándoles el visado a ellos y a sus familiares. El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo entonces que se trataba de funcionarios implicados en esas misiones médicas que “incluyen elementos de trabajo forzado y explotación”.
La embajada estadounidense en Guatemala ha reiterado que este esquema implica explotación laboral y riesgos para los pacientes, citando informes que advierten sobre carencias en la formación de parte del personal cubano desplegado.
Los antecedentes refuerzan las dudas: entre 2016 y 2020 se reportaron perfiles no sanitarios dentro de la brigada de colaboradores de la Isla, y se denunciaron exigencias de vuelos privados millonarios para su retorno a Cuba, lo que sugirió intereses ajenos a la cooperación médica, reportó República.
En 2020, la Corte de Constitucionalidad de Guatemala recibió una acción de amparo contra el presidente Alejandro Giammattei y el canciller Pedro Brolo, para impedir la renovación del convenio de salud con La Habana para la contratación de médicos cubanos, al considerar que su continuidad podría violar la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, incluido el Convenio para la Represión de la Trata de Personas.