Al menos 46 manifestantes cumplen el tramo final de sus condenas pero el régimen no parece estar dispuesto a excarcelarlos.
(Lucía Alfonso Mirabal/DDC) – Cinco años después de las históricas manifestaciones del 11 de julio de 2021, que marcaron un parteaguas en la historia contemporánea de Cuba, cientos de personas permanecen en las cárceles, cumpliendo las desproporcionadas condenas impuestas por el régimen a quienes salieron a las calles en un acto de legítima protesta.
Una reciente investigación conjunta realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) y DIARIO DE CUBA revela un dato muy ilustrativo sobre la ejecución de las penas: de las más de 900 personas documentadas originalmente como privadas de libertad por el 11J, al menos 309 continúan en las cárceles castristas.
Sin embargo, la verdadera noticia ya no estriba únicamente en la permanencia de estos cientos de presos políticos, sino en cómo el Estado cubano ejecuta estas condenas, demostrando con vehemencia su absoluta falta de voluntad política para la excarcelación y una cadena de oportunidades deliberadamente perdidas por el régimen para aliviar la crisis social y humanitaria que vive la Isla.
El ordenamiento jurídico como letra muerta
Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la legislación penal cubana no concibe el cumplimiento de una sanción privativa de libertad como un proceso estático, inflexible o inamovible. Por el contrario, el propio ordenamiento prevé instancias para evaluar la progresión del interno y permitir mecanismos de flexibilización penitenciaria cuando concurran los requisitos temporales y de conducta. Hablamos de figuras legales como la libertad condicional, la sustitución de la pena por sanciones no privativas de libertad o la licencia extrapenal.
Sin embargo, cuando se trata de presos políticos, y más aún cuando son reos del 11J, el régimen de La Habana aplica una dinámica penitenciaria excepcionalmente restrictiva, selectiva y discriminatoria. La cárcel ha dejado de ser la mera consecuencia de una sentencia injusta para convertirse en una prolongación del castigo, en un instrumento de tortura psicológica contra los reclusos y sus familias.
En tal sentido, de los 309 manifestantes que siguen en prisión, 164 ya han alcanzado los umbrales previstos por la propia ley cubana para que les sean aplicados los correspondientes beneficios penitenciarios. Esto significa que el 54,96% del universo de los presos del 11J se encuentra legalmente en la zona temporal de flexibilización; sin embargo, continúan tras las rejas.
Las oportunidades perdidas del régimen
Este 54,96% representa, en la práctica, 164 oportunidades que el régimen cubano ha decidido ignorar con soberbia. Son, entonces, 164 oportunidades ignoradas para descomprimir la tensión política, enviar un mensaje de mínimo apego a sus propias normas o responder a las constantes demandas de la comunidad internacional, la Iglesia Católica y los organismos de derechos humanos. Pero la respuesta del régimen ha sido el silencio y el inmovilismo.
Al propio tiempo, al menos 34 personas que cumplen condenas de cinco años (o cinco años y seis meses) se encuentran hoy extinguiendo el tramo final o el agotamiento íntegro de su sanción tras las rejas, como el artista y líder del Movimiento San Isidro Luis Manuel Otero Alcántara, quien se encuentra en “desaparición forzada” tras ser sacado de la cárcel de Guanajay por efectivos de la Seguridad del Estado.
Mantener a un recluso por motivos políticos hasta el último día de su condena, privándolo de la libertad condicional ordinaria a la que accede cualquier preso común con buena conducta, demuestra que los criterios aplicados por los tribunales de ejecución penal no son jurídicos, sino de abierta venganza política.
A este grupo se suman otras 46 personas que ya han cumplido más de la mitad de su condena y otras 84 que han superado con creces las dos terceras partes de la pena impuesta. En sus casos, la alarmante concentración de denegaciones de libertad condicional o de paso a un régimen carcelario de menor severidad evidencia la existencia de un patrón sistemático de exclusión por motivos ideológicos.
Por otra parte, existe un cuarto grupo de especial vulnerabilidad: 145 personas que continúan cumpliendo penas superiores a los diez años de cárcel, incluidas 15 cuyas sanciones superan los 15 años. Aunque muchos de ellos no han alcanzado temporalmente los umbrales ordinarios de la libertad condicional, la desproporción de sus condenas convierte sus expedientes en casos paradigmáticos de violaciones de derechos humanos, que exigen la atención urgente de la diplomacia internacional y la sociedad civil.
Opacidad y violación de estándares internacionales
El análisis jurídico de la represión en Cuba no puede limitarse a denunciar la flagrante ilegalidad de los arrestos iniciales en 2021, toda vez que las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos (Reglas Nelson Mandela) disponen con claridad que la finalidad de las penas privativas de libertad es la reintegración social de las personas y la preparación para su retorno a la vida en libertad. El régimen de la Isla tuerce este principio universal, utilizando la fase de ejecución para profundizar el ensañamiento contra quienes disienten.
A este panorama de arbitrariedad se suma la total opacidad del Estado cubano, que no publica estadísticas oficiales detalladas ni ofrece información desagregada sobre la concesión de libertades condicionales o licencias extrapenales relativas a los casos del 11J. Esta falta de transparencia obliga a la sociedad civil independiente a realizar laboriosos cruces y depuraciones de bases de datos para visibilizar lo que el Ministerio del Interior intenta sepultar bajo el secretismo carcelario.
Una pregunta política y humanitaria
Ante esta realidad, la verdadera pregunta no es meramente técnica, sino política y humanitaria: ¿Por qué un número tan desproporcionadamente elevado de ciudadanos, condenados en primer lugar por ejercer derechos fundamentales como la libre expresión y la manifestación pacífica, permanece en prisión tras haber rebasado los términos legales para su flexibilización penitenciaria?
Por razones de estricta justicia, legalidad y humanidad, todos los presos políticos del 11J deberían estar en libertad plena. Sin embargo, al negarse incluso a aplicar los mecanismos de alivio penal que su propio sistema contempla, el régimen cubano ratifica que no posee la más mínima voluntad de enmienda ni de diálogo, ni siquiera a instancias de la presión que Washington estaría ejerciendo en tal sentido.
Cinco años después del estallido social, las imágenes de las calles tomadas por el pueblo y de los juicios sumarísimos pertenecen a la memoria histórica colectiva. Hoy, la batalla por los derechos humanos en Cuba se libra en un terreno menos visible y más oscuro: las prisiones del país, donde la ejecución abusiva, discriminatoria y arbitraria de las penas se ha convertido en la más fehaciente demostración de que, para el totalitarismo, la cárcel no es solo el castigo, sino la continuidad perenne de su política represiva.