La delincuencia crece en Cuba mientras la crisis económica erosiona uno de los principales mitos promovidos por el régimen cubano.
La Habana (Sindical Press) – Durante décadas, la seguridad ciudadana fue presentada como uno de los principales logros de la revolución. Hoy, las redes sociales ofrecen suficientes evidencias de que esa imagen pertenece cada vez más al pasado.
Cada semana se registran intentos de robo en plena vía pública, incluso en localidades que hasta hace poco eran consideradas relativamente seguras. Aunque los teléfonos celulares siguen siendo uno de los objetivos preferidos de los arrebatadores, la crisis socioeconómica ha ampliado la lista de bienes codiciados. En un país donde escasea casi todo, cualquier objeto puede convertirse en botín.
Otro cambio significativo es el horario. Si antes estos hechos ocurrían mayormente durante la noche, ahora se producen con frecuencia a plena luz del día, incluso en calles céntricas y concurridas. Tampoco son raros los casos en que los delincuentes arrebatan las bolsas de alimentos que las víctimas acaban de adquirir en mercados agropecuarios o en tiendas que venden productos en divisas.
El deterioro ya no se limita a los robos. La violencia comienza a cobrar vidas.
Recientemente, el joven Carlos Ruiz Suárez Navarro murió en la provincia de Cienfuegos tras ser asaltado por individuos que pretendían despojarlo de su motocicleta eléctrica, según dio a conocer la plataforma Nio Reportando un Crimen. Lo peor es que, en el escenario de precariedad en que hoy sobreviven los cubanos, marcado por la miseria, el alcohol y el consumo de drogas, es difícil pensar que será el último caso.
La delincuencia tampoco distingue entre propiedades públicas y privadas. Las entidades estatales y las viviendas particulares forman parte de una misma ola de robos y allanamientos que se extiende por todo el país.
Al saqueo que se produce a diario en ciudades y zonas rurales de la Isla se suma el robo del aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos. Esta modalidad delictiva agrava la crisis de un sistema electroenergético que ya opera al límite por décadas de falta de inversiones, mantenimiento insuficiente y una crónica escasez de combustible.
Según el diario Trabajadores, solo durante el mes de julio se registraron 42 hechos de esta naturaleza en la provincia de Holguín. La extracción ilegal de este líquido, indispensable para el aislamiento y la refrigeración de los transformadores, incrementa las averías y dificulta la recuperación de una red eléctrica que ya enfrenta serias limitaciones operativas. En el mercado negro, el litro de aceite dieléctrico se vende entre 1.000 y 2.500 pesos y suele utilizarse como sustituto del diésel o como lubricante casero.
Por otra parte, los paneles solares y sus estructuras metálicas también se han convertido en objetivo de los ladrones. La provincia de Granma figura entre los territorios donde el hurto continuado de estos dispositivos mantiene en jaque a las autoridades locales y a la policía. Hace apenas unos días fueron arrestados dos individuos implicados en el robo de veinte vigas metálicas del parque fotovoltaico Las Villegas.
Las detenciones, sin embargo, no garantizan el fin de estos delitos. En mayo pasado, cuatro asaltantes golpearon y amarraron al custodio de una estación de bombeo de Holguín para apropiarse de 32 paneles solares.
Los hechos conocidos probablemente representen solo una parte del problema. Las limitadas coberturas de la prensa estatal y las denuncias que circulan en las redes sociales apuntan a un deterioro de la seguridad ciudadana mucho mayor del que reconocen las autoridades.
Cuando se normalizan los robos de alimentos, el saqueo de infraestructura eléctrica y la violencia para despojar a una persona de sus pertenencias, también se derrumba uno de los argumentos que durante décadas utilizó el régimen para reivindicar su gestión: la supuesta seguridad ciudadana como patrimonio exclusivo de la revolución.