El informe de la BIICL señala que los médicos cubanos enfrentan violaciones laborales, salarios retenidos y restricciones de derechos humanos.
(Agencias) – Un informe publicado por el British Institute of International and Comparative Law (BIICL) advierte que las misiones médicas internacionales de Cuba presentan patrones persistentes de prácticas laborales y administrativas que podrían contravenir normas internacionales de derechos humanos y del trabajo. El documento, elaborado entre 2024 y 2025, analiza el programa desde el derecho internacional y examina tanto las condiciones de trabajo de los profesionales de la salud cubanos desplegados en el extranjero como los acuerdos bilaterales firmados con los países receptores.
Según el informe, las misiones médicas —uno de los principales instrumentos de cooperación internacional del Estado cubano— han involucrado a decenas de miles de profesionales en más de 60 países durante las últimas décadas. Solo entre mayo de 2020 y septiembre de 2022, Cuba reportó el despliegue de 58 misiones en 42 países para atender la pandemia de COVID-19, además de más de 28.000 profesionales activos simultáneamente en el exterior.
Condiciones laborales y contractuales
El estudio identifica un amplio consenso en la literatura especializada y en pronunciamientos de organismos internacionales sobre la existencia de elementos explotativos dentro del programa. Relatores especiales de Naciones Unidas y órganos de control de la Organización Internacional del Trabajo han señalado reiteradamente preocupaciones relacionadas con salarios reducidos, retención de ingresos por parte del Estado cubano, jornadas laborales prolongadas, restricciones a la libertad de movimiento y falta de transparencia en los contratos.
Uno de los ejes centrales del informe es el análisis de 48 acuerdos bilaterales firmados entre Cuba y 19 países receptores, incluidos Estados de América Latina, África, Europa y Medio Oriente. De acuerdo con el BIICL, la mayoría de estos acuerdos contiene referencias limitadas o inexistentes a normas laborales internacionales y carece de mecanismos independientes de supervisión de las condiciones de trabajo. En particular, el documento subraya que los acuerdos no garantizan el pago directo y completo de los salarios a los profesionales, ya que los pagos suelen canalizarse a entidades estatales cubanas.
Restricciones y sanciones
El informe también documenta deficiencias estructurales en materia contractual. Entre ellas se incluyen la ausencia de copias de los contratos para los trabajadores, la falta de información previa sobre las condiciones del destino y, en algunos casos, la existencia de contratos firmados por autoridades cubanas en nombre de los profesionales. Estas prácticas, señala el estudio, dificultan el ejercicio efectivo de derechos laborales básicos.
En relación con las condiciones de vida, el BIICL identifica restricciones recurrentes que afectan la autonomía personal de los médicos y enfermeros en misión. El informe recoge denuncias sobre confiscación de pasaportes, vigilancia constante, limitaciones para desplazarse dentro del país anfitrión, prohibiciones de reunificación familiar y controles sobre la vida privada. Asimismo, destaca la existencia de sanciones penales y administrativas para quienes abandonan una misión antes de su finalización, incluidas penas de prisión y prohibiciones de reingreso a Cuba.
Estas condiciones, indica el informe, están vinculadas a un número significativo de deserciones y solicitudes de asilo presentadas por profesionales cubanos en distintos países. El BIICL documenta casos en Brasil, México, Venezuela, Estados Unidos, Canadá y varios países europeos, donde los solicitantes alegaron persecución política o riesgo de represalias tras abandonar las misiones. En algunos procedimientos judiciales, tribunales nacionales han reconocido que las sanciones por deserción pueden constituir formas de persecución.
Responsabilidad estatal
Desde una perspectiva de derecho internacional, el informe subraya que la responsabilidad no recae únicamente en Cuba. El BIICL sostiene que los Estados receptores también tienen obligaciones jurídicas de proteger los derechos laborales y humanos de los profesionales desplegados en su territorio. La ausencia de salvaguardas claras en los acuerdos bilaterales y la falta de canales efectivos de denuncia, señala el documento, pueden generar responsabilidad compartida.
El informe concluye con una serie de recomendaciones dirigidas a Cuba, a los países anfitriones y a la sociedad civil, orientadas a alinear las misiones médicas con los estándares internacionales vigentes. Entre ellas se incluyen la adopción de contratos transparentes, el pago directo de salarios, la eliminación de sanciones por abandono de misión y la incorporación explícita de normas laborales internacionales en los acuerdos de cooperación sanitaria.
Documento relacionado: Cuban Foreign Medical Missions: Challenges and Opportunities Through the Lens of International Human Rights and Labour Standards