Estas reformas prometidas ayer por el régimen pretenden modificar la economía sin alterar el sistema de poder que la asfixió.
La Habana (Sindical Press) – Otra vez Cuba escucha la palabra reforma en voz de los comunistas. Otra vez el “viejo gobierno de difuntos y flores” convoca al sacrificio, a la paciencia y a la esperanza. Otra vez “la casta” anuncia que el porvenir está a la vuelta de la esquina, como si cada trabajador o empresario no llevara más de medio siglo aguardando una promesa que siempre se aleja.
El gobierno militar vuelve a proclamar que ha llegado la hora del cambio. Habla de empresas privadas, de descentralización, de inversión extranjera, de racionalidad económica y hasta de la necesidad de desmontar viejos dogmas. Parecería que el país se dispone a abandonar el camino que lo condujo a la ruina. Pero las naciones no se transforman por la simple virtud de las palabras, sino por la solidez de las instituciones y por la libertad con que los hombres pueden crear, producir y prosperar.
Y ahí radica la duda.
Porque estas reformas pretenden modificar la economía sin alterar el sistema de poder que la asfixió durante décadas. Se quiere abrir la ventana sin tocar los barrotes. Se desea cosechar los frutos del mercado sin aceptar las consecuencias políticas y sociales de la libertad. Se sueña con un milagro asiático, pero sin reconocer que ninguna prosperidad es duradera cuando descansa sobre la incertidumbre y la arbitrariedad.
La pregunta es sencilla y terrible: ¿puede prosperar una economía donde trabajadores y empresarios carecen de derechos frente al Estado? ¿Puede florecer la iniciativa privada cuando las reglas cambian por decreto y la propiedad depende más de la “tolerancia” del poder que de la protección de la ley? ¿Puede progresar un país donde un monopolio, GAESA, controla gran parte de la economía y no rinde cuentas ante autoridad alguna?
La experiencia cubana invita al escepticismo.
Durante décadas se demonizó al comerciante, se persiguió al empresario y se expropió al agricultor. Se declaró inmoral al mercado y al lucro como una enfermedad social. Hoy, los mismos predicadores “descubren”, con asombro tardío porque su poder se tambalea —y no abordaré aquí ni su amoralidad ni su corrupción—, que las tiendas vacías no se llenan con consignas, la producción no aumenta con discursos y el hambre no distingue entre ortodoxias ideológicas.
Pero incluso en esta “conversión” al pragmatismo persiste una contradicción fundamental.
El Estado quiere menos responsabilidades económicas, pero no menos poder. Quiere a otros produciendo, pero no decidiendo. Quiere atraer capital, pero sin aceptar la transparencia necesaria. Quiere eficiencia, pero sin competencia. Quiere riqueza, pero sin la independencia que la riqueza otorga al trabajador.
Así, las reformas corren el riesgo de convertirse en un ejercicio de equilibrio imposible: liberalizar lo suficiente para evitar el colapso, pero no tanto como para alterar las estructuras de control.
Mientras tanto, permanece intacto el gran interrogante de la economía cubana: la concentración del poder económico y político en el reducido círculo de instituciones y actores estatales y militares que es GAESA. Hablan de modernización, pero no aclaran quién administrará los sectores estratégicos, quién fiscalizará las decisiones y responderá ante los trabajadores por los crímenes cometidos.
Los trabajadores exigen prosperidad, pero también responsabilidad.
Y la responsabilidad comienza por reconocer que la crisis cubana no es una tormenta pasajera ni el resultado exclusivo de factores externos. Es consecuencia de decisiones acumuladas durante décadas: centralización excesiva, persecución de la iniciativa individual, burocracia hipertrofiada y una concepción del poder que confundió la obediencia con la unidad y el control con la eficacia.
No obstante, estas reformas contienen un reconocimiento implícito de esa realidad. Admitir la necesidad del mercado es admitir, aunque tarde, el fracaso de una parte esencial del modelo. Permitir la empresa privada es reconocer que el trabajador suele ser más eficiente que el burócrata. Invitar a la inversión es aceptar que la economía necesita conexión con el mundo.
Pero reconocer no equivale a rectificar.
Las reformas serán juzgadas no por la grandilocuencia de sus anuncios, sino por la libertad que concedan y por la confianza que inspiren. Una economía moderna requiere seguridad jurídica, instituciones previsibles y trabajadores y sindicatos capaces de actuar sin temor a que su éxito sea visto como una amenaza.
La nación cubana demuestra, una y otra vez, una extraordinaria capacidad de resistencia. Pero ninguna sociedad puede vivir indefinidamente de la resistencia. Los trabajadores necesitan construir, no solo soportar.
Y construir exige algo más que decretos.
Exige confianza entre gobernantes y gobernados. Exige que la ley sea superior a la voluntad de los hombres. Exige aceptar que la diversidad económica y social no es una amenaza, sino una fuente de vigor nacional.
Si las reformas avanzan hasta ese punto, podrán inaugurar una nueva etapa de prosperidad y reconciliación. Si se detienen antes, si se limitan a administrar la escasez con métodos más sofisticados, entonces serán recordadas como otro episodio de esa larga historia de oportunidades perdidas que acompaña a los comunistas como castigo a Cuba.
Las naciones no perecen únicamente por la pobreza material. También perecen cuando se acostumbran a confundir la esperanza con la espera.
Y Cuba ha esperado demasiado.