Quienes gestionan estos negocios permanecen expuestos al decomiso, las ventas forzadas y las clausuras, sin derecho a un justo reclamo.
Pittsburgh (Sindical Press) – El régimen de La Habana concluye el 2025 ofreciendo claras evidencias de que la propiedad del estado sobre los medios de producción continuará como una pauta inamovible dentro de la estructura económica del país.
Con el cierre total o parcial de 65 mipymes no estatales, a causa de presuntas infracciones, se subraya la persistencia de una política que ha comprometido el desarrollo industrial y arruinado las esperanzas del cubano en alcanzar un nivel de vida decente.
Al insistir en el “arrinconamiento” de los negocios particulares, resulta inútil esperar el despegue de una economía extraordinariamente prolífica en yerros y marcada por connotados retrocesos.
Todo indica que 2026 será una réplica, tal vez más cruda, de este que concluye, ante el previsible afianzamiento de las medidas restrictivas. Sobran razones para que así sea, si se tiene en cuenta que será proclamado como “Año del Centenario del Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz”, el máximo responsable de la deriva autoritaria, con sus arraigadas carencias, racionamientos y represión sin límites
Fuentes oficiales indicaron que entre las causas que motivaron la imposición de sanciones, figuraron la ausencia de sistemas contables adecuados, omisión de datos en el registro de ingresos y gastos, y contabilidad deficiente.
Argumentos poco convincentes en un ambiente de profunda desconfianza hacia el emprendimiento privado, desde su admisión definitiva en 2021, mediante el Decreto-Ley 46, concebido para dinamizar la economía.
La existencia de apenas 300 mipymes estatales frente a las 11 866 privadas, esta última clasificación desvalorizada en su esencia por el persistente clima anticapitalista, explica las recientes incursiones de los inspectores, amparados en el “Programa de Gobierno para corregir distorsiones e impulsar la economía”.
El objetivo central de las pesquisas fue comunicar, sin rodeos, quién tiene la última palabra, y de paso remarcar que el socialismo continuará bajo la tutela de los burócratas del partido, decididos a impedir que cualquier apertura ponga en riesgo la supervivencia de una revolución, notoriamente fecunda en solemnes exaltaciones y huérfana de éxitos tangibles.
Manuel Marrero, desde su condición de primer ministro, fue explícito durante su intervención en el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular, donde justificó los cierres de las mipymes, ofreciendo además información sobre la implementación de medidas, supuestamente orientadas a viabilizar la labor de los diversos actores económicos.
Su retórica no engaña. Otros antes que él cumplieron el mismo papel: recrear la ilusión de que ahora sí estamos a las puertas de resultados productivos espectaculares y, con ellos, el fin de la crisis estructural que azota cada vez con más fuerza.
La autonomía de las mipymes es, en realidad, una quimera. Quienes gestionan estos negocios permanecen expuestos al decomiso, las ventas forzadas y las clausuras, sin derecho a un justo reclamo.
Son las reglas de un juego sucio, donde siempre serán considerados como un mal necesario, nunca como una opción legítima para combatir la escasez ni una fuente real de empleo.
La frágil independencia de la gestión empresarial pasa inexorablemente por el filtro de la ideología y la voluntad del poder. ¿Un plan para aumentar la pobreza? Sin dudas.
Lo trágico del asunto es que, en la caída en espiral del nivel de vida, aún es imposible divisar el fondo.