Negocios privados en Cuba sobreviven entre multas arbitrarias, sobornos e inspecciones abusivas, bajo control ideológico estatal y corrupción institucional permanente.
Pittsburgh (Sindical Press) – La prosperidad de los negocios particulares en Cuba ha sido relegada a un espejismo. Desde su autorización en los años 90, pasando por la expansión y el reconocimiento legal de las Mipymes en 2021, el sector privado nunca ha logrado consolidarse sin trabas.
Cuatro años después del impulso formal a las actividades económicas no estatales, el relativo éxito alcanzado continúa bajo asedio. El oficialismo mantiene un marco regulador que prioriza el control político y económico, imponiendo límites definidos por la naturaleza ideológica del sistema.
Las afectaciones no se reducen a las normativas. De manera constante, cientos de inspectores refuerzan la presión sobre los dueños de gran parte de las 9 660 Mipymes privadas registradas en junio, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).
Este cuerpo fiscalizador impone multas desproporcionadas —muchas veces arbitrarias— y en no pocos casos exige sobornos para disminuir o anular los montos establecidos.
Un ejemplo reciente ocurrió en el municipio de Cruces, Cienfuegos, donde se aplicaron penalidades superiores a los 4 500 pesos, según denunció Consuelo Rodríguez, miembro de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
“Las multas se dirigieron contra propietarios de cafeterías. Ninguna de las Mipymes abrió, para evitar el castigo. Las sanciones superaban los 18 000 pesos”, relató Rodríguez.
En Cabañas, Artemisa, Alejandro Sánchez Zaldívar, secretario de la Asociación Cubana de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (ACTAE), confirmó prácticas de corrupción entre inspectores y propietarios.
“Algunos dueños han optado por entregar entre 4 000 y 10 000 pesos para librarse de multas que llegan a 16 000. El trato incluye avisos sobre inspecciones de niveles superiores para dar tiempo a encubrirse”, explicó.
El ambiente hostil ha desalentado a muchos emprendedores. No pocos se sienten tratados como delincuentes, al tiempo que expresan su rechazo de haberse convertido en una fuente de ingresos al presupuesto del Estado a raíz de los gravámenes.
La magnitud de las multas revela su importancia recaudatoria: solo en Holguín se obtuvieron 72 millones de pesos durante los primeros cuatro meses del año, según reportó la televisión local.
A ello se suma la política de pago por resultados a los inspectores, anunciada por el primer ministro Manuel Marrero en diciembre pasado, que ha estimulado aún más el abuso. Mientras más transgresiones se detectan, mayores salarios reciben, aunque los incrementos apenas compensan la inflación desbordada.
De acuerdo con la Resolución 7/2022 del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, los inspectores pueden devengar entre 5 810 y 7 830 pesos mensuales (14,5 a 19,5 dólares al cambio informal de 400 por dólar). Sin embargo, un estudio publicado en el sitio Bloomberg Línea, en marzo, cuando el dólar se cotizaba a 345 pesos, estimó que un cubano necesitaba al menos 20 000 pesos para cubrir sus necesidades básicas, lo que mantiene el salario estatal muy por debajo de la línea de subsistencia.
El ambiente creado facilita el auge de las corruptelas y agrava una crisis que avanza inexorablemente hacia un deterioro mayor.
En conclusión, la combinación de permisividad y hostigamiento expone la desconfianza oficial hacia las formas capitalistas de producción, paradójicamente las únicas con capacidad de sacar al país del marasmo económico en que se encuentra.