Trabajadores interruptos sobreviven entre escombros en Centro Habana, sin vivienda segura, salario suficiente ni defensa sindical real de la CTC.
La Habana (Sindical Press) – La crisis habitacional en La Habana continúa mostrando uno de los rostros más crudos del deterioro social cubano: edificios en ruinas, derrumbes frecuentes y familias obligadas a sobrevivir entre escombros, sin una respuesta efectiva del Estado.
La gravedad del problema está reconocida incluso por cifras oficiales. En 2025, Cuba terminó apenas 5.493 viviendas en todo el país, por debajo de las 7.427 concluidas en 2024. Ese mismo año, el Ministerio de la Construcción reconoció un déficit habitacional de 805.583 viviendas: 407.219 requerían construcción desde cero y 398.364 necesitaban rehabilitación. En un país con más de cuatro millones de viviendas, la propia prensa estatal había admitido que alrededor del 35 % del fondo habitacional no se encontraba en buen estado técnico.
En Centro Habana, uno de los municipios más golpeados por el colapso del fondo habitacional, las noticias sobre derrumbes, evacuaciones y muertes se han vuelto parte de la vida cotidiana. La prensa independiente ha documentado durante años estas tragedias, mientras muchas familias afectadas quedan atrapadas entre la indiferencia oficial, la falta de soluciones reales y el miedo a terminar en albergues estatales durante décadas.
En la esquina de Galiano y San Miguel, donde ocurrió un derrumbe en 2023, no se reportaron fallecidos. Sin embargo, una familia quedó viviendo bajo lo que antes fue su casa. Entre paredes partidas, restos de columnas y pedazos de azotea suspendidos, Eusebio Ramos y Hilda Fidalgo intentan sostener una vida marcada por la precariedad.
“Además estamos interruptos, como miles de trabajadores de Comercio, que cobramos la mitad del salario por estar en la casa, un dinero que no alcanza ni para empezar”, afirma Eusebio Ramos, dependiente de la carnicería El Otoño, ubicada en Neptuno y Márquez González, cerrada a principios de este año y convertida hoy en un foco de insectos y roedores.
La condición de “interrupto” agrava aún más la precariedad. En Cuba, el trabajador interrupto no pierde formalmente su vínculo laboral, pero queda apartado de su puesto por causas ajenas a su voluntad: cierre del centro, falta de materia prima, combustible, electricidad o paralización de la actividad. En la práctica, esa protección resulta insuficiente cuando el salario se reduce y el trabajador queda en su casa, sin empleo efectivo, sin ingresos suficientes y sin una alternativa real para sostener a su familia.
Su esposa, Hilda Fidalgo, obrera de una fábrica de vidrio en La Lisa, también paralizada por la falta de combustible y materia prima, muestra el espacio donde viven: un pedazo de azotea que quedó sostenido sobre algunas columnas, como una amenaza permanente.
“Preferimos quedarnos aquí antes de irnos a un albergue. Conocemos familias que llevan 20 años en albergues y dicen que esa vida no hay quien la resista”, explica.
La decisión de permanecer entre los escombros no nace de la resignación, sino del miedo a una solución oficial que muchas veces se convierte en condena. Para numerosas familias cubanas, el albergue no representa una salida temporal, sino años de hacinamiento, deterioro, inseguridad y conflictos cotidianos. En ese contexto, la alternativa estatal deja de ser refugio y se transforma en otra forma de abandono.
La vivienda improvisada no ofrece seguridad, privacidad ni condiciones mínimas para una familia. El matrimonio tiene un niño de 12 años que cursa séptimo grado en una secundaria de Centro Habana. El menor duerme en la parte menos deteriorada de lo que quedó de la casa, mientras sus padres pasan las noches pendientes de cualquier ruido en las estructuras vecinas.
Según cuenta Hilda, sobreviven recogiendo materia prima que luego revenden al Estado, y revendiendo algunos productos que consiguen después de hacer largas colas desde temprano en la mañana. La interrupción laboral, que debería ser una situación temporal protegida por garantías suficientes, se convierte para ellos en una condena económica.
“Yo pedí que me dejaran vivir en la carnicería, como hizo un compañero mío. Cuando cerraron la carnicería donde trabajaba, pidió quedarse allí, la amuebló y ahora parece un apartamentico. A mí me dijeron que no, que la carnicería era parte del inventario de la empresa. Eso es mentira, porque en 1968 se la quitaron al viejo Don Manuel, un gallego que se murió enseguida de tristeza”, relata Eusebio.
El testimonio resume varias capas del deterioro cubano: la pérdida de viviendas, el cierre de centros laborales, la interrupción de trabajadores estatales, la ausencia de salarios suficientes y el peso de una propiedad estatal que no resuelve necesidades humanas, pero sí impide soluciones individuales.
“Rezamos todas las noches para que no se caiga el edificio de atrás, para que el pedazo de azotea resista, y para que ocurra un milagro que nos cambie por completo esta existencia miserable. Somos trabajadores cubanos interruptos, vivimos entre las ruinas de un derrumbe y no vemos futuro”, dice Hilda Fidalgo.
El caso deja una pregunta central que la CTC no ha respondido: ¿qué hizo para defender a Eusebio e Hilda como trabajadores interruptos? La organización que debería reclamar protección económica, reubicación laboral y acompañamiento ante las entidades empleadoras permanece ausente. Su silencio confirma que no actúa como un sindicato autónomo, sino como una estructura subordinada al poder político, incapaz de proteger a los trabajadores cuando más lo necesitan.
Desde la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), denunciamos la indefensión de este matrimonio de trabajadores interruptos ante un régimen oprobioso que abandona a su pueblo a la miseria, al riesgo y al desamparo. Reivindicamos los derechos laborales y humanos de todos los trabajadores cubanos que hoy no cuentan con instituciones reales que los protejan ni con sindicatos libres que los defiendan.