Inspecciones, multas y controles estatales desalientan la iniciativa privada y profundizan las contradicciones económicas que enfrentan hoy los emprendedores cubanos.
La Habana (Sindical Press) – La idea de los parches capitalistas para salvar el socialismo vuelve a chocar con la realidad. Aunque el Gobierno ha reconocido la necesidad de ampliar el espacio al sector privado para enfrentar la crisis económica, esa apertura continúa marcada por controles, restricciones e inspecciones que terminan desalentando la producción.
No se trata de una corrección de fondo de la política económica, sino de concesiones limitadas que dejan intactos los principios de la planificación centralizada.
Aunque la propiedad privada tiene reconocimiento formal, su ejercicio dista mucho de responder al concepto convencional. La presunta complementariedad de esta forma de producción opera con múltiples limitaciones y bajo el permanente escrutinio de las instituciones estatales.
El éxito de los trabajadores por cuenta propia, los dueños de mipymes y otros actores económicos autorizados, lejos de celebrarse, suele enfrentarse con una intensa fiscalización y, en muchos casos, con métodos que los propios afectados consideran abusivos.
Los casos recientes de Alejandro Escalona Vega y Elián González Fajardo ilustran esa realidad. El primero fue multado con 48 000 pesos (unos 70 dólares al cambio informal) por presuntas irregularidades en su negocio de venta de alimentos. El segundo, barbero del municipio de Cauto Cristo, en Granma, deberá pagar 16 000 pesos (24 dólares) por no presentar las facturas de insumos recibidos desde el extranjero.
En las inspecciones que se realizan con frecuencia, muchos emprendedores sostienen que siempre aparece alguna infracción susceptible de sanción, incluso por aspectos menores. También son recurrentes las denuncias sobre solicitudes de pagos informales para reducir multas o aliviar las consecuencias de las inspecciones.
La amplitud de las facultades de los inspectores facilita ese tipo de actuaciones, en un contexto donde la desconfianza hacia la iniciativa privada parece responder tanto a razones ideológicas como a la voluntad de preservar los fundamentos del sistema económico. Esa contradicción resulta aún más visible en el año en que se conmemora el centenario del nacimiento de Fidel Castro, principal impulsor de la implantación del modelo soviético en Cuba.
La guerra sin cuartel contra el libre mercado ha contribuido a que millones de cubanos sobrevivan en condiciones de precariedad. Contar con cierto margen para producir o comercializar bienes continúa siendo una decisión compleja y costosa.
En una economía prácticamente quebrada, ejercer la función de inspector también puede convertirse en una vía para escapar del racionamiento y la inflación mediante prácticas ilícitas que numerosos ciudadanos describen como parte de un sistema donde prevalece el “sálvese quien pueda”. Los 6 500 pesos (unos 9 dólares) que, como promedio, perciben quienes desempeñan esas funciones constituyen un incentivo adicional para la corrupción.
Mientras tanto, los precios continúan disparados. En las mipymes y en el mercado informal, un cartón de 30 huevos puede costar entre 3 000 y 7 500 pesos, y un litro de aceite vegetal entre 4 000 y 7 000 pesos.
Todo ello permite tomar el pulso a un modelo económico atrapado en sus propias contradicciones: inspectores que buscan infracciones en lugar de incentivar la producción y trabajadores del sector no estatal que carecen de mecanismos independientes para defender sus derechos o canalizar sus reclamaciones. Mientras producir siga siendo una actividad observada con sospecha, será difícil que el sector privado contribuya plenamente a aliviar la crisis que atraviesa el país.