Cuba apuesta por una mayor integración en los BRICS, mientras la relación con los EEUU continúa condicionando sus posibilidades económicas.
La Habana (Sindical Press) – Las aspiraciones del régimen cubano de integrarse plenamente a los BRICS en 2026 se diluyeron en el discreto apoyo verbal de Rusia, mientras la Isla mantuvo el estatus de país socio, adquirido el 1 de enero de 2025. Pese a las gestiones realizadas por La Habana y al respaldo buscado en Moscú, la Cumbre de Nueva Delhi concluyó sin modificar el estatus de Cuba, que continúa como país socio, condición que mantiene desde 2025.
Las reticencias a admitir nuevos miembros responden, entre otros factores, al interés de fortalecer la cohesión interna de un bloque que ha experimentado una rápida expansión. El núcleo original estuvo integrado por Brasil, Rusia, India y China, a los que se sumó Sudáfrica. Posteriormente ingresaron Egipto, Etiopía, Irán y Emiratos Árabes Unidos en 2024, e Indonesia en 2025. Actualmente, los BRICS cuentan con 10 miembros plenos.
Otro elemento que dificulta nuevas incorporaciones es que las decisiones del grupo se adoptan por consenso. Por tanto, el respaldo de Rusia resulta insuficiente por sí solo para garantizar el ingreso de La Habana como miembro pleno.
La cumbre de Nueva Delhi representaba para el régimen cubano una oportunidad para avanzar en su acercamiento a un bloque de considerable importancia económica y geopolítica, que reúne cerca de la mitad de la población mundial y representa alrededor del 40% del PIB global medido en paridad de poder adquisitivo.
El resultado se produce en medio de una profunda crisis económica y social. Según el IX Estudio sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos, publicado en agosto de 2026 y basado en 1.318 entrevistas realizadas en todas las provincias del país, el 94% de los cubanos se encuentra en situación de pobreza extrema.
En este contexto, las 176 medidas económicas aprobadas en junio de 2026 contemplan una mayor autonomía para las empresas estatales, la ampliación del espacio de las empresas privadas y la reducción de las actividades prohibidas para estas, así como mayores facilidades para la inversión extranjera, transformaciones del mercado cambiario y la posibilidad de que personas y entidades cubanas y extranjeras adquieran acciones de determinadas empresas estatales, entre otras reformas.
La aplicación efectiva de estas medidas podría facilitar una mayor inserción de Cuba en los circuitos internacionales de inversión y financiamiento, además de crear condiciones más favorables para atraer capital extranjero. No obstante, la pertenencia a los BRICS no depende exclusivamente de reformas económicas internas, sino del consenso político entre sus miembros.
Algunos especialistas se muestran escépticos sobre la implementación íntegra del plan aperturista y los plazos establecidos, de los cuales todavía se conoce poco.
Las interpretaciones más favorables encuentran semejanzas entre las reformas anunciadas y algunos de los procesos de apertura económica desarrollados durante décadas por China y Vietnam, aunque todavía resulta prematuro establecer una equivalencia. Otras interpretaciones sostienen que podría tratarse de un movimiento táctico de la dirigencia cubana destinado a ganar tiempo sin modificar sustancialmente el sistema político.
Sea cual sea el alcance final de las reformas, quienes ejercen el poder afrontan crecientes presiones para reducir gradualmente el monopolio estatal sobre la economía. Es sumamente complejo precisar hasta dónde están dispuestos a llegar.
El acercamiento a los BRICS puede ampliar las alternativas económicas de Cuba, pero no sustituye ni resuelve su relación con Estados Unidos. Una mayor integración en el bloque no elimina las sanciones estadounidenses, no modifica la Ley Helms-Burton ni normaliza el acceso cubano al mercado y al sistema financiero estadounidense. Por ello, aun con una mayor inserción en los BRICS, la relación con Washington continuaría siendo un factor determinante para la economía cubana.
En ese escenario, la posición de Estados Unidos seguirá teniendo un peso considerable. La Ley Helms-Burton establece requisitos para determinar la existencia de un gobierno de transición en Cuba, entre ellos la legalización de toda actividad política, la liberación de los presos políticos y el compromiso de organizar elecciones libres y transparentes en un plazo no mayor de 18 meses después de que ese gobierno de transición asuma el poder.
La legislación exige además compromisos y avances demostrables hacia un poder judicial independiente, el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y, significativamente para los trabajadores cubanos, el establecimiento de sindicatos independientes conforme a los Convenios 87 y 98 de la Organización Internacional del Trabajo.
La política estadounidense vigente mantiene esa relación entre las sanciones y las condiciones políticas establecidas en la legislación. De ahí que una apertura económica cubana, aun si llegara a ser profunda, no implique automáticamente una normalización de las relaciones con Washington.
Por la proximidad geográfica, el peso económico y geopolítico de Estados Unidos y la magnitud de los vínculos familiares entre ambos países, resulta difícil separar el futuro económico de Cuba de la evolución de sus relaciones con Washington.
En esta ecuación no cuenta solamente la descentralización parcial de la economía. La cuestión política seguirá ocupando un lugar central en cualquier debate sobre el futuro del país.
Ciertamente, las reformas económicas podrían ampliar el espacio de la propiedad privada, estimular la inversión foránea y reducir algunas de las ineficiencias derivadas de décadas de centralización. Los BRICS, por su parte, pueden ofrecer nuevos espacios de cooperación económica y diplomática, pero no constituyen por sí solos una solución a los problemas estructurales de la Isla.