domingo , 20 septiembre 2026
Dos mujeres permanecen en una esquina durante un apagón general en La Habana. (Yamil Lage/AFP)

La inseguridad toma las calles y los centros de trabajo

Robos violentos y muertes de trabajadores alimentan en Cuba la preocupación por la inseguridad dentro y fuera de centros laborales.

Carnegie (Sindical Press) – Contra los apagones no hay defensa posible, salvo para quienes disponen de paneles solares u otros dispositivos alternativos capaces de suplir, al menos de manera parcial, el déficit energético derivado de la insuficiente capacidad de generación.

A este arsenal de vicisitudes se agrega la creciente preocupación por la inseguridad en las calles y los centros de trabajo. La oscuridad provocada por los prolongados cortes eléctricos agrava esa sensación de vulnerabilidad y dificulta la vigilancia, especialmente durante la noche.

Muchos cubanos muestran su preocupación en torno a la existencia de bandas criminales que se dedican al robo con violencia, una práctica que parece extenderse en medio del agravamiento de la crisis económica y social.

El 8 de marzo de 2025, Osmany Trujillo Guevara murió de un disparo durante un intento de robo en un almacén de la Empresa Mayorista de Productos Agropecuarios (EMPA), en el municipio Esmeralda, Camagüey, donde laboraba como custodio.

Pedro Ruiz corrió la misma suerte el 14 de abril de 2026, mientras intentaba proteger a su hijo durante un asalto a la Cooperativa de Producción Agropecuaria Victoria de Girón, en el municipio Los Arabos, Matanzas.

En mayo se reportaron otros dos homicidios. Uno de ellos ocurrió en la cafetería El Tranque, en Yaguajay, Sancti Spíritus, donde fue asesinado un custodio de 78 años. Los asaltantes sustrajeron diversos productos y equipos del establecimiento.

La otra víctima fue Dayron Urbay Solán, conductor de un triciclo eléctrico en Villa Clara. Su cadáver fue encontrado en un cañaveral con señales de violencia. Los delincuentes se llevaron el vehículo con el que trabajaba.

También a través de las redes sociales se conoció la muerte, en agosto, de Rafael Jiner Guerra, mientras trabajaba como custodio en el parqueo del Hospital General Docente Doctor Ernesto Guevara de la Serna, en Las Tunas. Según las primeras informaciones divulgadas, se investigó la posibilidad de que alguna sustancia hubiera sido utilizada para incapacitar a los trabajadores durante el robo. Hasta el momento no se han divulgado públicamente los resultados toxicológicos ni la causa médica exacta de su muerte.

El cadáver de Ramón Gresequi Rodríguez, trabajador de la Empresa Mecánica del Níquel (EMNI), en Moa, fue hallado después de varios días de intensa búsqueda.

Gresequi había desaparecido el 9 de septiembre, cuando salió conduciendo una camioneta perteneciente a la EMNI, donde laboraba como chofer. Informaciones divulgadas posteriormente indicaron que el cuerpo presentaba múltiples golpes y que las autoridades investigaban las circunstancias de su muerte.

Por último, el trabajador de la Empresa Eléctrica de Santiago de Cuba Alexander Pantoja Bertot desapareció mientras cumplía funciones laborales en una zona rural entre Palma Soriano y Contramaestre. El domingo 13 de septiembre, unos guardabosques hallaron su cuerpo.

Las circunstancias de su muerte generaron inicialmente interrogantes. Sin embargo, su hermana, Yaima Bertot, aseguró posteriormente en una publicación en Facebook que Alexander murió por causas naturales y que no había sido víctima de una agresión.

Los ladrones actúan tanto de día como de noche y, en no pocos casos, están dispuestos a recurrir a la violencia para apoderarse del botín.

Cuando los centros de trabajo se convierten en escenarios de robos y hechos violentos, morir durante el desempeño laboral deja de parecer una posibilidad remota.

La situación obliga a redoblar las precauciones, aunque muy poco se puede hacer frente a delincuentes determinados a llevar el uso de la fuerza hasta las últimas consecuencias.

Y surge inevitablemente una pregunta: ¿hasta qué punto las autoridades están logrando contener el fenómeno?

El aparato policial cubano ha demostrado durante décadas una enorme capacidad de movilización y vigilancia cuando se trata de impedir actividades de carácter político. De ahí que la percepción de desprotección frente a la criminalidad resulte todavía más inquietante.

Los apagones interminables y los trabajadores expuestos a la delincuencia podrían parecer problemas independientes. Sin embargo, terminan formando parte de una misma realidad: mientras la oscuridad aumenta la vulnerabilidad de calles y centros laborales, los hechos violentos plantean interrogantes sobre la capacidad de las autoridades para preservar el orden y ofrecer seguridad ciudadana.

Las tropelías de los delincuentes parecen haber dejado de ocupar un lugar prioritario para las autoridades. O quizás todo esto sea el reflejo de algo mucho más profundo: un sistema de gobierno en descomposición.