Campesinos cubanos enfrentan impagos, robos y abandono, mientras proyectos internacionales priorizan discursos sostenibles sin atender sus urgencias y necesidades reales.
La Habana (DDC) – El Ministerio de la Agricultura de Cuba, en cooperación con la Unión Europea (UE) y Francia, impulsa el proyecto Agroverde Laif, un plan que busca lograr una ganadería sostenible en Camagüey e implica al sector no estatal, mientras siguen sin solución graves problemas que configuran el desastre del campo, como el impago a los productores y el robo y el sacrificio de ganado mayor.
En un contexto marcado por el deterioro del sector y la falta de recursos, la iniciativa europea prioriza investigaciones que contribuyan a mejorar la productividad ganadera y agrícola, según publicó el diario oficial Granma.
Jean Marc Liger, director de la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD) en Cuba, dijo que uno de los pilares del proyecto es repensar la agricultura con un enfoque en la conservación de recursos naturales, reducción del uso de fertilizantes y generación de energía, en respuesta al cambio climático.
Además, explicó que parte de los esfuerzos se centran en facilitar financiamiento, a través del estatal Banco de Crédito y Comercio (BANDEC), mediante un fondo de 25 millones de euros, según la agencia Xinhua, a empresas que operan con divisas, una muestra de enfoque selectivo en los beneficiarios de los créditos.
Durante un encuentro en La Habana para evaluar los avances de Agroverde Laif, Amaya Olivares Zapian, representante de la UE, subrayó la importancia de asegurar una producción alimentaria sostenible y segura, especialmente ante los obstáculos financieros que enfrenta el Gobierno. Según datos presentados, desde el inicio del proyecto en 2023 se han involucrado 23 empresas, con la meta de llegar a 50.
Por la parte cubana, Rolando Castro insistió en la necesidad de una coordinación efectiva entre los distintos actores involucrados para establecer un “Fondo Verde” que permita poner en marcha investigaciones, acceso a créditos y compra de equipamiento.
La nota oficial, sin embargo, no ofreció detalles de cómo se garantizará la transparencia ni la inclusión de pequeños productores en el proyecto en un país donde el control estatal y la falta de incentivos continúan lastrando el desarrollo agrícola.
Mientras, los impagos dejan sin leche a miles de personas en Sancti Spíritus
Una deuda superior a los 150 millones de pesos acumulada por la empresa estatal Río Zaza durante el último trimestre de 2024 ha tenido un efecto devastador en la cadena de producción y distribución de leche en la provincia de Sancti Spíritus.
Según recogió el periódico Trabajadores, el retraso en los pagos a los productores ha derivado en una caída de los suministros que ha afectado directamente a niños pequeños, embarazadas y personas con dietas médicas, que dependen de la libreta de racionamiento para recibir el alimento.
El director de la empresa, Alberto Cañizares Rodríguez, dijo que lograron saldar parcialmente las deudas de octubre y noviembre gracias a la recuperación de cuentas por cobrar y a un préstamo bancario de 1.200 millones de pesos, aunque diciembre sigue pendiente. “El crédito otorgado para un calendario no puede sufragar pagos del año anterior”, precisó.
Además, otras entidades estatales como el Grupo Empresarial de Comercio de Sancti Spíritus y los complejos lácteos de La Habana y Artemisa aún le deben a Río Zaza cerca de 200 millones de pesos.
Los efectos se sienten con fuerza entre productores privados, responsables del 87% de la leche en la provincia, según dijo Deivy Alfredo Casanova Pérez, jefe del Departamento de Ganadería provincial.
La falta de pagos, las dificultades para acceder al efectivo —en especial para campesinos en zonas remotas— y las condiciones climáticas han provocado un descenso en la entrega de leche y el desvío del producto al mercado informal, añadió el reporte oficial.
“Estamos sacando ocho litros y no he podido cobrar desde diciembre… ¿con qué les doy comida a los muchachos?”, declaró un productor afectado.
En lugar de asumir responsabilidad por una gestión ineficaz, las autoridades intentan presentar la situación como consecuencia de circunstancias externas. Sin embargo, detrás del desabastecimiento hay un sistema de pagos insostenible, estructuras burocráticas ineficientes y políticas económicas que empujan a los productores a buscar alternativas fuera del control estatal para sobrevivir.
El robo y sacrificio ilegal de ganado desangra el campo cubano
Julio, un campesino de 71 años de la zona rural de Cárdenas, decidió el año pasado vender todas sus vacas tras perder ocho animales por robos consecutivos. “A mí me empezaron a matar (vacas) cada dos o tres días… y yo le dije al hermano mío: ‘Vamos a quitarlo todo porque a este paso nos vamos a quedar sin nada y ya estamos viejos'”, contó a EFE.
Como él, otros productores enfrentan una escalada alarmante de hurtos y sacrificio ilegal de ganado, sin medios para proteger sus propiedades ni respuestas efectivas por parte del Estado. La falta de recursos para contratar vigilancia privada, el estrés de cumplir con cuotas impuestas y un mercado negro cada vez más fuerte han empujado a muchos a abandonar la producción ganadera.
Los datos oficiales muestran un agravamiento del problema: solo en 2022 se reportaron más de 82.000 robos de reses en Cuba, un aumento del 145% respecto al año anterior. Matanzas, donde vive Julio, fue una de las provincias más afectadas.
Campesinos entrevistados por la agencia dijeron que la situación se ha vuelto más violenta. “Han querido coger las cosas con lo más fácil: ir contra un campesino, que se levanta a las 3:00 de la mañana a ordeñar su vaca, y cuando llega aparece desmembrada”, denunció uno de ellos. Otro relata que algunos ataques se han hecho incluso con armas improvisadas.
La consecuencia directa: menos leche, más ruina para los pequeños productores y una creciente dependencia del mercado informal. Las cifras hablan por sí solas: el número de cabezas de ganado ha caído de más de cuatro millones en 2019 a 2,9 millones en 2024. Mientras tanto, el consumo de proteína animal en la Isla apenas alcanza el 7% del mínimo recomendado mensualmente, de acuerdo con datos oficiales citados por el periódico Tribuna de La Habana en 2023.
A pesar de los procesos penales contra más de 1.600 personas entre enero y agosto de 2023 por “conductas asociadas al delito de sacrificio ilegal de ganado mayor y tráfico de sus carnes”, juicios visibilizados por la propaganda oficial, los campesinos como Julio siguen sintiéndose desprotegidos. “No es fácil. Hay que cogerlos en el acto. Porque muchas veces se levanta el acta y lo único que hay es una vaca muerta”.