Un artículo de Le Monde defendió la reforma laboral, pero el supuesto beneficio para los trabajadores continúa siendo ampliamente cuestionado.
(CS) – En septiembre de 2025 entró en vigor en China una nueva interpretación judicial –conocida como “Interpretation II” del Tribunal Supremo Popular– que obliga a los empleadores a aportar a la seguridad social por todos los trabajadores, incluso aquellos sin contrato formal.
Según la publicación francesa Le Monde, la medida busca mejorar la protección social de empleados de pequeñas empresas y de sectores hasta ahora poco cubiertos, en un contexto de envejecimiento acelerado de la población y presión sobre el sistema de pensiones.
Presentada así, la reforma proyecta la imagen de un giro social en favor de los trabajadores y de la formalización de la protección. Sin embargo, situar esta medida en el marco más amplio de las relaciones laborales en China muestra una realidad más matizada. Diversas fuentes institucionales y académicas coinciden en que, sin cambios en la libertad sindical, la negociación colectiva y la capacidad real de reclamar derechos, este tipo de reformas tienen un alcance limitado sobre el poder efectivo de los trabajadores.
Un marco laboral con libertades restringidas
Según Human Rights Watch, los trabajadores en China sólo pueden afiliarse a la Federación Nacional de Sindicatos de China (ACFTU), la única central autorizada y vinculada al Partido Comunista, lo que impide la existencia de sindicatos independientes. La organización ha señalado que la legislación china no garantiza plenamente el derecho a la huelga ni mecanismos de negociación colectiva autónoma, elementos centrales en los estándares internacionales de la OIT.
Las propias observaciones de la OIT confirman que, aunque existan reformas que amplíen obligaciones contributivas, los derechos fundamentales de organización independiente y negociación genuina no están plenamente reconocidos ni protegidos. Esto limita la capacidad de los trabajadores para hacer cumplir esos derechos o mejorar sus condiciones mediante negociación, al margen de los ajustes administrativos.
Reformas de seguridad social con efectos desiguales
Más allá de la “Interpretation II”, la reforma de la seguridad social tiene implicaciones económicas relevantes. Un análisis publicado por Table China señala que, desde el 1 de septiembre, todos los empleadores deben pagar cotizaciones por todos los empleados, con el objetivo declarado de eliminar la zona gris de las “renuncias voluntarias” a la seguridad social. Sin embargo, el mismo informe advierte que el cambio puede afectar especialmente a pequeñas empresas y a trabajadores con salarios bajos, ya que incrementa los costes laborales sin garantizar mecanismos efectivos de protección para quienes se encuentran en posiciones más vulnerables.
Al mismo tiempo, medios como el South China Morning Post han indicado que el sistema de pensiones chino enfrenta serios problemas de sostenibilidad ante el envejecimiento demográfico y la reducción de la fuerza de trabajo, lo que ha llevado a medidas como el aumento gradual de la edad de jubilación y ajustes en las tasas de contribución. Estos cambios responden más a la necesidad de equilibrar las cuentas del sistema que a un fortalecimiento de los derechos colectivos en el entorno laboral.
En este contexto, la obligación de universalizar los aportes a la seguridad social puede verse como parte de un proceso de reorganización financiera más que como una transformación profunda de las relaciones laborales.
Cadenas globales de suministro y trabajo forzoso
El panorama laboral chino tampoco se entiende sin considerar su papel en las cadenas globales de suministro. Investigaciones del Centro para Empresas y Derechos Humanos de la Universidad de Nueva York (NYU Stern) sobre trabajo forzoso en Xinjiang han identificado programas de “transferencia de mano de obra” que trasladan a personas uigures y de otros grupos a fábricas y almacenes, con riesgos significativos de coerción. Estos hallazgos muestran que, en varias regiones y sectores, las prácticas laborales están muy lejos de los estándares internacionales de trabajo decente.
Organizaciones de derechos humanos han advertido que la dificultad de investigar de manera independiente en terreno, junto con la opacidad de las cadenas de suministro, complica la verificación de las condiciones reales de trabajo. Este contexto refuerza la necesidad de prudencia a la hora de presentar determinadas reformas como avances significativos sin incorporar toda la información disponible.
Espacio cívico reducido y desaparición de observatorios laborales
El cierre de organizaciones dedicadas al monitoreo independiente de la situación laboral en China añade una capa adicional de opacidad al análisis de las reformas recientes. Según Associated Press, el China Labour Bulletin —un observatorio con sede en Hong Kong que durante años documentó huelgas, conflictos laborales y accidentes de trabajo— cesó sus actividades en 2025 por dificultades financieras. De forma paralela, Reuters ha informado que otras ONG vinculadas a derechos laborales han reducido operaciones o suspendido programas debido a recortes de financiamiento o a entornos regulatorios más restrictivos.
La disminución de organizaciones capaces de proporcionar información en terreno limita la disponibilidad de fuentes independientes y aumenta la dependencia de documentos oficiales o declaraciones estatales. En la práctica, esto refuerza el peso de la narrativa gubernamental en la interpretación internacional del modelo laboral chino.
Proyección internacional del sindicalismo chino
Además del contexto interno, resulta relevante considerar la expansión internacional de la ACFTU, la única federación sindical permitida en China y subordinada institucionalmente al Partido Comunista. En los últimos años, la ACFTU ha incrementado sus programas de cooperación y formación con confederaciones sindicales de América Latina, organizando talleres, cursos y visitas de delegaciones. Estos intercambios ocurren en un escenario donde numerosas organizaciones sindicales latinoamericanas enfrentan limitaciones económicas significativas, lo que otorga a China una capacidad de influencia considerable en materia de capacitación y asistencia técnica.
Este tipo de iniciativas plantea interrogantes sobre el efecto que pueden tener el financiamiento y el apoyo logístico chino en la toma de decisiones de futuras dirigencias sindicales de la región, así como sobre el papel estratégico de esta presencia a largo plazo. Diversos estudios académicos y reportes internacionales describen la diplomacia sindical china como parte de una estrategia de inserción política más amplia, en la que la formación de cuadros se articula con la estructura estatal. Estas investigaciones señalan que la actividad internacional de la ACFTU se desarrolla desde un modelo en el que los derechos colectivos no están plenamente reconocidos en el plano interno y donde la función sindical está integrada al aparato político-administrativo del país. En este contexto, los programas de cooperación sindical promovidos por China deben interpretarse como parte de una estrategia estatal de proyección internacional más que como iniciativas estrictamente técnicas o gremiales.
Convenios internacionales y contexto normativo
El análisis del marco normativo internacional aporta otra dimensión relevante. China no ha ratificado dos de los convenios fundamentales de la OIT: el Convenio 87 sobre libertad sindical y el Convenio 98 sobre negociación colectiva. Esta ausencia refleja las limitaciones estructurales del modelo sindical chino. Aunque sí ha ratificado otros convenios —como los relativos al trabajo forzoso, la igualdad de remuneración y la no discriminación— la propia OIT ha señalado que la falta de libertad sindical reduce la eficacia práctica de estos instrumentos. Este contraste ayuda a contextualizar tanto el funcionamiento interno del sindicalismo chino como las iniciativas de cooperación que el país impulsa en el exterior.
Cómo se genera el sesgo en la cobertura internacional
En este contexto, la lectura que hace Le Monde de la “Interpretation II” como una ampliación de la protección social refleja varios rasgos habituales de la cobertura internacional sobre China:
- Dependencia de fuentes oficiales: la reforma se describe principalmente a partir del texto normativo y las declaraciones de las autoridades.
- Énfasis en el diseño más que en la aplicación: se subraya la obligación de cotizar, pero se examina poco cómo pueden reclamar esos derechos los trabajadores.
- Confusión entre ampliación administrativa y ampliación de derechos: se presenta la extensión de la seguridad social como sinónimo de mayor protección, sin considerar que los derechos colectivos siguen limitados, como documentan la OIT y Human Rights Watch.
El resultado es una narrativa en la que China aparece como un país que moderniza su sistema laboral, pero sin responder a la pregunta central: ¿estas reformas producen beneficios reales para los trabajadores dentro de un entorno en el que los derechos colectivos siguen siendo restringidos?
Un balance más completo
Un análisis equilibrado de las reformas laborales recientes en China requiere observar simultáneamente: la ampliación formal de la seguridad social, la estructura de derechos colectivos, el papel de las cadenas de suministro y la reducción del espacio para el monitoreo independiente. Las fuentes disponibles coinciden en que las reformas introducen ajustes importantes en la gestión de la protección social, pero no transforman los elementos centrales del modelo laboral chino.
En este sentido, la cobertura internacional que se limita a destacar el objetivo declarado de “mejorar la protección social” corre el riesgo de sobreestimar el alcance real de la reforma. Una lectura que integre las evaluaciones de la OIT, los informes de derechos humanos y el contexto de cierre de observatorios laborales permite entender que, por ahora, las medidas refuerzan más la arquitectura administrativa y financiera del sistema que la capacidad concreta de los trabajadores de organizarse y defender sus derechos.