La reforma promete mayor claridad laboral, ampliación de derechos y protecciones; sindicatos cuestionan impacto real en estabilidad y negociación colectiva.
(CS) – India acaba de implementar una de las reformas laborales más amplias de su historia reciente. Cuatro nuevos códigos —Wages, Industrial Relations, Social Security y Occupational Safety and Health— sustituyen a casi treinta leyes dispersas y configuran un marco normativo completamente nuevo. Para el Ministerio de Trabajo, este cambio supone una modernización largamente esperada. Para los sindicatos, es un riesgo profundo para la estabilidad laboral en un país donde la precariedad ya es estructural. Para el análisis, es ambas cosas a la vez.
Más allá de la magnitud jurídica, lo que está en juego es un ajuste en el equilibrio entre flexibilidad económica, protección social y negociación colectiva. El resultado final dependerá no solo del texto legal, sino de su implementación en un mercado laboral fragmentado y profundamente desigual.
Lo que la reforma promete
El primer gran efecto de la reforma es la unificación. Durante décadas, el sistema laboral indio funcionó como un mosaico de normas con criterios distintos según el sector, el tamaño de la empresa o la región. La condensación de 29 leyes en cuatro códigos crea un marco más claro, reduce la incertidumbre administrativa y facilita el cumplimiento. Este esfuerzo de simplificación, por sí solo, ya representa un cambio significativo.
A ello se suma la introducción de un salario mínimo nacional aplicable a todos los trabajadores. Si se aplica correctamente, podría reducir disparidades extremas entre estados y sectores. Lo mismo ocurre con la definición unificada de “salario”: al menos la mitad de la remuneración debe contabilizarse como salario base para calcular prestaciones como pensión, fondos de previsión y gratificación. Es un mecanismo diseñado para evitar que las empresas trasladen gran parte del pago a complementos que no generan derechos.
La reforma también apunta a ampliar la formalización del trabajo. Los empleadores deberán entregar cartas de nombramiento, y los contratos a plazo fijo —una figura cada vez más extendida en la economía india— pasan a incluir beneficios antes reservados a empleados permanentes. Además, por primera vez, trabajadores de plataformas digitales y de la economía informal aparecen explícitamente dentro del sistema de seguridad social, lo que podría traducirse en fondos de bienestar y una cobertura mínima para sectores históricamente excluidos.
En el plano de la seguridad y salud laboral, la integración normativa establece estándares mínimos de prevención, infraestructura y registro que antes estaban dispersos. Para un país con millones de personas empleadas en industrias de alto riesgo, este componente resulta clave.
¿Por qué hay protestas?
Si la reforma promete mayor claridad y ciertos avances, ¿por qué entonces protestan los sindicatos? La respuesta está en los detalles.
El punto más sensible es la flexibilización del despido. Elevar de 100 a 300 trabajadores el umbral a partir del cual una empresa necesita autorización estatal para reestructurar o cerrar atenúa los mecanismos de protección y abre la puerta a ajustes más rápidos en sectores intensivos en mano de obra. Para los sindicatos, esto no es eficiencia: es vulnerabilidad.
La expansión de los contratos a plazo fijo también genera inquietud. Aunque ahora incluyen algunos beneficios, existe el temor de que sustituyan puestos permanentes por empleo temporal en masa, agravando la inestabilidad en un mercado que ya opera con índices de informalidad altísimos. El riesgo es que la formalización nominal no se traduzca en estabilidad real.
Las nuevas reglas sobre huelga añaden combustible a estas preocupaciones. La posibilidad de considerar como “huelga” cualquier ausencia coordinada y la ampliación de los períodos prohibidos para protestar reducen el margen de acción colectiva en un momento en que las condiciones económicas presionan con fuerza. Para los sindicatos, esto equivale a una reducción directa del poder negociador de los trabajadores.
A nivel cotidiano, la reforma también tiene un impacto inmediato en el salario neto. La exigencia de un salario base del 50 % implica mayores contribuciones obligatorias a los fondos de previsión y seguridad social. A largo plazo, esto fortalece la protección; a corto plazo, reduce el ingreso disponible. En un país con millones de trabajadores viviendo en el límite de sus posibilidades económicas, este efecto no es menor.
Por último, está la cuestión de la implementación. India es un país federal, y muchos elementos de la reforma dependen de que los estados elaboren sus propias reglas, refuercen inspecciones y cuenten con recursos adecuados. Donde la fiscalización sea débil, los derechos corren el riesgo de quedarse en el papel. Esa incertidumbre alimenta la desconfianza en sectores donde la evasión de normas es habitual.
Las preguntas que determinarán el futuro
La reforma abre un nuevo marco, pero las preguntas determinantes aún no tienen respuesta. ¿La formalización será genuina o meramente documental? ¿Los trabajadores de plataformas recibirán una protección real o simbólica? ¿La flexibilización generará más empleo o precariedad? ¿La negociación colectiva sobrevivirá a un entorno más restrictivo? ¿Y podrán los estados implementar de manera homogénea una reforma tan extensa?
El tiempo dirá si India ha dado un salto hacia un mercado laboral más moderno y equilibrado, o si ha reforzado la flexibilidad a costa de los trabajadores más vulnerables.
Un reforma ambiciosa
India ha emprendido una reforma ambiciosa que reconfigura el mundo del trabajo. Trae consigo claridad normativa, mayor protección social en algunos segmentos y una apuesta por integrar nuevas formas de empleo. Pero también redistribuye poder, y lo hace en un mercado donde la desigualdad y la informalidad son el telón de fondo.
A esta dimensión interna se suma otra, menos visible pero igual relevante: la competencia geopolítica. India busca posicionarse como destino clave para la relocalización de manufactura global en un momento en que muchas empresas diversifican su producción fuera de China bajo la estrategia “China+1”. En este marco, un sistema laboral más coherente, flexible y predecible forma parte del esfuerzo del país por presentarse como alternativa económica en Asia.
A partir de ahora, el debate no será solo jurídico, sino profundamente político: cómo se reparte el riesgo laboral y quién paga el costo del crecimiento económico. En esa discusión, sindicatos, trabajadores, empresas y estados se enfrentarán a un desafío decisivo que marcará el modelo laboral del país durante años.