Aleaga Pesant Report analiza el presupuesto cubano para 2026, la Ley 181 y la Resolución 348/2025, denunciando que el aumento de impuestos encarece los alimentos, desincentiva la producción y castiga a productores, vendedores y consumidores. Señala que la política fiscal agrava la inflación, reduce la oferta alimentaria y profundiza la inseguridad económica y social, evidenciando el fracaso estructural de un modelo que prioriza la recaudación y los privilegios de la élite sobre el derecho básico de la población a alimentarse.
Ajeno a cómo amanecería el año 2026, Vladimir Regueiro, ministro de Finanzas y Precios, presentó ante la Asamblea Nacional —ese espacio donde no tienen cabida quienes piensan— el presupuesto del Estado para 2026. Con él se aprueba la Ley 181 y, dentro de ella, la Resolución 348 de 2025, que implica un aumento de los impuestos, sobre todo sobre quienes producen, comercializan y consumen alimentos producidos en Cuba.
Hola, esto es Aleaga Pesant Report desde La Habana, Cuba, un compendio de la política, la sociedad y la cultura cubana, en colaboración con Cuba Sindical. Hoy abordaremos un solo tema: la nueva política fiscal que encarece y frena la producción de alimentos.
Pero como dice Petronio, el árbitro del buen gusto, la prisa no es elegancia. Café sin Heidi, frente al mar, el libro del colega, amigo y además uno de los fundadores de la Asociación Sindical Independiente de Cuba, Víctor Domínguez, es un poemario escrito desde el centro del corazón, que sin duda remueve las fibras emocionales del lector. Fui testigo de su escritura: recoge la pasión de un hombre enamorado hacia una mujer, en tiempos en que la posmodernidad habla de batallas de género. Café sin Heidi, frente al mar puede encontrarse en Amazon.
Pero volviendo al tema de marras, ¿qué trae realmente la Ley 181 del Presupuesto del Estado para 2026 y, dentro de ella, la Resolución 348/2025?
Ante todo, un aumento de los costos en toda la cadena de distribución y una reducción de los incentivos para producir y vender alimentos. Esto conduce, inevitablemente, al encarecimiento de los precios, que termina pagando el ciudadano común, el consumidor. El pequeño productor, el vendedor minorista y el consumidor final son los más perjudicados, porque al gravar las ventas minoristas el Estado castiga el eslabón más débil de la cadena: quienes producen poco, comercializan directamente y compran para sobrevivir.
Estas medidas agravarán la inflación y el hambre. En un contexto de escasez, devaluación del peso y alza sostenida del dólar, estos impuestos reducen aún más la oferta de alimentos, lo que inevitablemente eleva los precios y profundiza la inseguridad ciudadana. No existe, desde el gobierno —claro, lo hicieron desde el 2025, hay que pensar que el 2026 viene demasiado caliente para este gobierno no solo en el escenario interno sino también en el internacional— no existe una política real de estímulo productivo. En lugar de créditos, insumos, infraestructura o seguridad jurídica para los agricultores, el gobierno impone trabas administrativas y cargas fiscales que asfixian la iniciativa privada.
No por último menos importante, la política fiscal revela así el fracaso estructural del modelo. El Estado prioriza recaudar a corto plazo y preservar los privilegios de quienes controlan la distribución —y ojo, que casi siempre son familiares de funcionarios del propio gobierno— en lugar de garantizar que la población pueda alimentarse. Esto no solo incrementa la tensión social, sino que confirma la inviabilidad de un sistema incapaz de resolver lo más elemental.
Les recuerdo, esto es Aleaga Pesant Report, en colaboración con Cuba Sindical. Y si los informativos dan noticias, nosotros las ponemos en contexto.