Traducción no oficial realizada por Cuba Sindical del informe 2025 Trafficking in Persons Report: Cuba, del Departamento de Estado de los Estados Unidos de América.
CUBA (Nivel 3)
De conformidad con la Ley de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas (Trafficking Victims Protection Act), este informe evalúa en qué medida el “gobierno” de Cuba, según lo exige la ley, cumplió los estándares mínimos para la eliminación de la trata. Todas las referencias al “régimen” o “régimen cubano” que aparecen a continuación se hacen en referencia al “gobierno”.
El gobierno de Cuba no cumple plenamente los estándares mínimos para la eliminación de la trata y no está realizando esfuerzos significativos para hacerlo. Cuba se mantuvo en el Nivel 3. Durante el período del informe existió una “política o patrón gubernamental” de trabajo forzoso en el programa gubernamental de exportación de mano de obra, que incluyó misiones médicas, del cual el régimen obtuvo beneficios. A pesar de ello, el régimen tomó algunas medidas para abordar la trata, incluyendo el procesamiento y la condena de más casos de delitos de trata contra niños, la identificación de un mayor número de víctimas y la modificación de la ley de inmigración para mejorar la coordinación en la protección de víctimas. Sin embargo, el régimen reclutó y desplegó trabajadores cubanos utilizando engaños y amenazas de represalias. Cuba incluyó elementos explotadores y coercitivos en los contratos y acuerdos firmados con gobiernos extranjeros para la contratación de trabajadores cubanos, lo que permitió esquemas de pago indirectos e injustos, la confiscación de salarios y castigos arbitrarios y desproporcionados. El régimen ejerció un control indebido sobre los trabajadores cubanos que laboraban en el extranjero e impuso restricciones irrazonables a su movilidad que no parecían ajustarse a los estándares internacionales en materia de salud y seguridad de los trabajadores. Las autoridades del régimen retuvieron una parte significativa del salario de la mayoría de los trabajadores, confiscaron los pasaportes y credenciales profesionales de los trabajadores, no informaron de manera sistemática a los participantes sobre los términos de sus contratos y sometieron a los trabajadores a vigilancia y a toques de queda estrictos. El régimen no demostró esfuerzos para cambiar sus políticas y prácticas y continuó obligando a los trabajadores a prestar servicios. El régimen no realizó esfuerzos para investigar, procesar o condenar casos de trabajo forzoso o trata sexual que involucraran a víctimas adultas.
RECOMENDACIONES PRIORITARIAS
- Cesar las amenazas y las prácticas engañosas en el reclutamiento de trabajadores cubanos desplegados en países extranjeros.
- Garantizar que los contratos y acuerdos firmados con gobiernos extranjeros para trabajadores cubanos proporcionen un trato conforme al derecho internacional y a los estándares laborales.
- Dejar de retener los salarios de los trabajadores y permitir el pago directo de los salarios a los trabajadores, en consonancia con lo que reciben otros trabajadores extranjeros por trabajos similares.
- Eliminar los castigos desproporcionados previstos en los reglamentos y leyes disciplinarias vigentes.
- Dejar de someter a los trabajadores a restricciones irrazonables a la libertad de movimiento y de asociación, incluyendo vigilancia, toques de queda arbitrarios y limitaciones de viaje internacional cuando no se ajusten a su salud y seguridad, así como impedir que los trabajadores entablen amistad con personas locales.
- Permitir que todos los trabajadores civiles, incluidos aquellos regulados, obtengan y conserven pasaportes turísticos además de pasaportes oficiales, y dejar de confiscar documentos necesarios para ejercer la libertad de movimiento.
- Investigar y procesar enérgicamente los delitos de trata sexual y laboral para aumentar las condenas y fortalecer la disuasión de los tratantes.
- Implementar políticas y procedimientos formales para identificar de manera proactiva a las víctimas de trata, incluso entre poblaciones vulnerables, remitir a las víctimas identificadas a servicios adecuados y capacitar a los funcionarios, incluidos los primeros respondedores, en su aplicación.
- Cesar el reclutamiento de niños para actividades militares antes de la edad obligatoria del servicio militar.
- Capacitar a quienes hacen cumplir el código laboral para detectar indicadores de trata y educar a todos los trabajadores cubanos sobre los indicadores de trata y cómo denunciar violaciones relacionadas con la trata.
- Revisar el artículo 363.1 del código penal para eliminar el requisito de probar fuerza, fraude o coerción en los delitos de trata sexual infantil.
PERSECUCIÓN
El régimen mantuvo esfuerzos de persecución penal.
El régimen tipificó la trata sexual y la trata laboral mediante diversas disposiciones de su código penal. El artículo 363.1 del código penal de 2022 tipificó todas las formas de trata laboral y algunas formas de trata sexual y estableció penas que oscilan entre siete y 15 años de prisión para delitos que involucren a una víctima adulta y de 10 años a cadena perpetua para aquellos que involucren a una víctima menor de edad. Estas penas fueron suficientemente severas y, en el caso de la trata sexual, acordes con las previstas para otros delitos graves, como la violación. La definición contenida en el artículo 363.1 estableció el uso de fuerza, fraude o coerción como elemento esencial de un delito de trata, sin incluir una excepción para los casos de trata sexual infantil. Por lo tanto, el artículo 363.1 no tipificó todas las formas de trata sexual infantil. Sin embargo, el artículo 402.1 (“corrupción de menores”) tipificó el uso de una persona menor de 18 años “en la prostitución” y estableció penas de siete a 15 años de prisión, que fueron suficientemente severas y acordes con las previstas para otros delitos graves, como la violación. El artículo 176.1 estableció penas de entre tres y ocho años de prisión para trabajadores afiliados al régimen que no completaran una misión civil en otro país o no regresaran a Cuba tras la finalización de la misión civil, penalizando así a potenciales víctimas de trata laboral.
En octubre de 2024, el régimen publicó su informe anual sobre la trata de personas, que fue la principal fuente de información sobre los esfuerzos del régimen contra la trata e incluyó datos oficiales correspondientes al año calendario 2023 sobre investigaciones y condenas, los datos más recientes disponibles. Según el informe, el régimen investigó 14 casos de trata doméstica, de los cuales 13 correspondieron a trata sexual y uno a mendicidad forzada. Las autoridades procesaron a 20 presuntos tratantes y condenaron a 19 tratantes en 2023. Esto se comparó con siete investigaciones de casos transnacionales de trata que involucraron a ocho tratantes cubanos y cinco nacionales extranjeros, seis procesamientos y seis condenas en 2022. Según los informes del régimen, las sentencias oscilaron entre tres y 20 años de prisión. Las autoridades no informaron haber investigado, procesado o condenado ningún caso que involucrara a víctimas adultas de trata. Las autoridades no han procesado ni condenado ningún caso de trata laboral desde al menos 2022.
El régimen reprimió las fuentes internas independientes, pero algunas fuentes independientes proporcionaron información sobre los esfuerzos y tendencias en materia de trata. Según una ONG, el régimen prohibió organizaciones independientes y actores de la sociedad civil, incluidos activistas de derechos humanos, y las personas que expusieron abusos fueron amenazadas, perseguidas, encarceladas, forzadas al exilio y, en algunos casos, incluso asesinadas o desaparecidas.
El régimen organizó y patrocinó capacitaciones para agentes del orden, fiscales y jueces sobre la investigación y persecución de delitos de trata sexual. Las autoridades contaban con 27 acuerdos bilaterales o memorandos de entendimiento que incluían medidas contra la trata; sin embargo, el régimen no informó resultados tangibles asociados a estos acuerdos.
Las autoridades del Ministerio de Justicia continuaron siendo cómplices en esquemas estatales de exportación de mano de obra al procesar a personas que abandonaron programas de exportación laboral patrocinados por el régimen debido a explotación y trabajo forzoso. Si bien no se disponía de cifras exactas, un caso de 2022 que involucró a 17 trabajadores médicos afiliados al régimen cubano que fueron capturados tras intentar escapar de una misión en Venezuela probablemente fue procesado por funcionarios del régimen. Informes anecdóticos indican que algunas personas que no completaron una misión enfrentaron prisión si regresaban a Cuba. Funcionarios del régimen intimidaron y amenazaron a las familias de trabajadores que no completaron una misión. Las autoridades no informaron investigaciones, procesamientos ni condenas de funcionarios del régimen cómplices en la trata, a pesar de persistentes denuncias de que funcionarios amenazaron y coaccionaron a participantes para que permanecieran en programas patrocinados por el régimen en países extranjeros.
PROTECCIÓN
El régimen mantuvo esfuerzos de protección.
El informe de 2023 elaborado por el régimen, que reflejó el año más reciente del que se disponía de datos, indicó que las autoridades identificaron a 14 víctimas de trata sexual infantil, todas ellas niñas. Esto se comparó con seis víctimas en 2022, una mujer y cinco niñas. En años anteriores, el régimen informó contar con procedimientos para identificar de manera proactiva y remitir a víctimas de trata sexual a atención especializada. Las autoridades informaron haber capacitado a agentes del orden en la identificación de víctimas; sin embargo, la aplicación de los procedimientos de identificación de víctimas no fue consistente y el régimen dependió de que las víctimas se autoidentificaran. El régimen no informó contar con procedimientos para identificar víctimas de trabajo forzoso. ONG organizadas y controladas por el régimen o por el Partido Comunista, como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), la Comisión de Prevención y Atención Social y los Comités de Defensa de la Revolución, podían identificar y remitir víctimas de trata a las autoridades estatales y proporcionar algunos servicios a las víctimas, incluidos tratamiento psicológico, atención médica, capacitación en habilidades y asistencia para encontrar empleo. Sin embargo, estos servicios a menudo estaban politizados y no estaban disponibles para personas que el régimen y/o el Partido Comunista consideraban subversivas. Existían tres centros de protección para niños y adolescentes donde las víctimas menores de edad de trata podían recibir servicios no especializados. El régimen no informó haber protegido a ninguna víctima identificada desde 2021. Los niños que recibían servicios en centros de protección podían utilizar testimonio por video para facilitar el apoyo a la persecución penal de sus tratantes, pero los funcionarios no informaron haber utilizado estas herramientas. En 2024, Cuba modificó su ley de inmigración, ampliando las protecciones para las víctimas de trata, incluida la posibilidad de que las autoridades del régimen solicitaran asistencia de organizaciones internacionales y ONG para la repatriación de víctimas y la prohibición de entrada a Cuba de extranjeros acusados de delitos de trata de personas. El régimen no contaba con mecanismos mediante los cuales los trabajadores que enfrentaban explotación o condiciones de trabajo forzoso pudieran solicitar compensación a través de sindicatos laborales cubanos o tribunales.
PREVENCIÓN
El régimen mantuvo esfuerzos de prevención.
El régimen cubano no realizó esfuerzos suficientes para prevenir la trata, en particular el trabajo forzoso. En 2024, el régimen aprobó el Plan de Acción Nacional (NAP) 2023-2024, que designó al Ministerio de Justicia como la autoridad central responsable de la coordinación y la implementación de los esfuerzos contra la trata previstos en el plan. El Ministerio de Justicia presidió dos grupos nacionales de trabajo centrados en el combate a los delitos de trata que, según las obligaciones establecidas en el NAP, debían reunirse cada tres meses; no estaba claro si las autoridades del régimen se reunieron en 2023. El régimen informó haber utilizado el NAP y publicó el informe anual sobre los esfuerzos contra la trata correspondiente a 2023. Las autoridades realizaron sesiones de sensibilización para empleados del régimen, estudiantes y trabajadores de la industria turística sobre la prevención e identificación de delitos, incluidos los delitos de trata. El régimen y la FMC continuaron operando una línea telefónica de 24 horas para personas que necesitaban asistencia legal, incluidas las víctimas de trata sexual; por cuarto año consecutivo, ninguna de las llamadas a esta línea dio lugar a investigaciones de trata ni a la identificación de víctimas.
Los medios del régimen continuaron produciendo artículos de prensa y programas de televisión y radio, incluidos anuncios de servicio público, para aumentar la conciencia pública sobre la explotación, incluida la trata sexual. La FMC incrementó la sensibilización pública mediante talleres y capacitaciones con funcionarios del régimen, trabajadores sociales, educadores y estudiantes, así como mediante la distribución de materiales que explicaban la trata y sus riesgos; sin embargo, no existían materiales disponibles públicamente que demostraran la efectividad o el impacto de estos programas. El Ministerio de Turismo proporcionó capacitación a trabajadores del sector turístico sobre la prevención de la explotación y el abuso sexual comercial infantil. Las autoridades no realizaron esfuerzos para reducir la demanda de actos sexuales comerciales.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social no realizó esfuerzos suficientes para abordar el trabajo forzoso. En 2023, funcionarios del ministerio realizaron 1.818 inspecciones laborales, emitieron más de 10.013 infracciones laborales, pero no identificaron ningún caso de trabajo forzoso. El régimen no implementó políticas para prohibir el uso de fuerza, fraude o coerción por parte de reclutadores laborales extranjeros y de empresas propiedad del régimen o controladas por este que reclutan y retienen empleados mediante trabajo forzoso. La ley del régimen indicó que los varones mayores de 16 años deben registrarse en las fuerzas armadas del país y prepararse para el servicio militar obligatorio a partir de los 17 años; sin embargo, informes señalaron la participación del régimen en el reclutamiento forzado de niños para servir en brigadas comunitarias militares. La ley de inmigración revisada eliminó cláusulas que anteriormente castigaban a los nacionales cubanos que no regresaban a Cuba dentro de los 24 meses con la pérdida de derechos de propiedad; sin embargo, la restricción se mantuvo para trabajadores civiles regulados que no completaban una misión internacional, preservando una medida de intimidación que las autoridades cubanas utilizaban para coaccionar a trabajadores afiliados al régimen a prestar servicios.
PERFIL DE LA TRATA
La trata afecta a todas las comunidades. Esta sección resume los informes del régimen y de la sociedad civil sobre la naturaleza y el alcance de la trata durante los últimos cinco años. Los tratantes de personas explotan a víctimas nacionales y extranjeras en Cuba, y los tratantes explotan a víctimas cubanas en el extranjero. La trata sexual, incluida la explotación sexual comercial y el abuso de niños por visitantes extranjeros, ocurre dentro de Cuba. Los tratantes explotan a ciudadanos cubanos en la trata sexual y el trabajo forzoso en África, Asia, el Caribe, el Mediterráneo, América Latina y los Estados Unidos. Los tratantes explotan a nacionales extranjeros de África y Asia en la trata sexual y el trabajo forzoso en Cuba para pagar deudas de viaje. El régimen identificó a los niños, las mujeres jóvenes, las personas mayores y las personas con discapacidad como las más vulnerables a la trata.
Ciudadanos cubanos informaron haber sido reclutados por empresas militares privadas afiliadas a Rusia o por el ejército ruso mediante contratos laborales fraudulentos para luego ser coaccionados a combatir en la guerra entre Rusia y Ucrania. Por ejemplo, dos jóvenes cubanos informaron haber sido reclutados de manera engañosa para trabajar en Rusia como obreros de la construcción; sin embargo, al llegar a Moscú, supuestamente fueron coaccionados a combatir en Ucrania en nombre de las fuerzas militares rusas. Según contactos, las autoridades cubanas supuestamente aceleraron la emisión de pasaportes a los reclutas, quienes tenían ingresos mínimos y no contaban con medios para pagar el viaje de forma independiente, y las autoridades cubanas declinaron deliberadamente colocar sellos de salida en los pasaportes de las potenciales víctimas cubanas para alegar desconocimiento de su viaje. Meses después de que el régimen supuestamente tomara medidas contra quienes facilitaban la trata hacia Ucrania, informes creíbles de prensa indicaron que cubanos seguían viajando a Rusia para combatir en Ucrania. Algunas de estas personas informaron que las autoridades cubanas estaban al tanto de su reclutamiento y pudieron haber facilitado su viaje, y que fueron recibidas en Moscú por un funcionario militar cubano. Informes de prensa indicaron que el régimen cubano supuestamente recibió un pago por cada ciudadano cubano reclutado para combatir en Ucrania en nombre de Rusia. Según informes de prensa, entre junio de 2023 y febrero de 2024, más de 1.000 cubanos habían viajado a Rusia para servir como combatientes extranjeros.
Observadores internacionales y ex participantes informaron que funcionarios del régimen coaccionan a personas para que participen y permanezcan en los programas de exportación laboral del régimen cubano, en particular las misiones médicas, gestionadas por la Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos (CSMC), la Unidad Central de Cooperación Médica (UCSM), el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera. Funcionarios cubanos utilizaron una combinación de leyes y regulaciones inherentemente coercitivas para manipular a los trabajadores y obligarlos a permanecer en el programa, mientras obtenían enormes beneficios de su explotación y trabajo forzoso. El régimen cubano creó una situación ineludible para los trabajadores que, coaccionados por las circunstancias económicas en Cuba y por temor a represalias, se incorporaron a misiones de exportación laboral. Según el régimen, los profesionales médicos constituyen el 75 % de su fuerza laboral exportada. Cuba reportó 7.000 millones de dólares en exportaciones de servicios en 2022 (el último año del que se dispone de datos), de los cuales 4.900 millones de dólares provinieron de la exportación de servicios médicos.
El Ministerio del Interior calificó como “desertores” a los trabajadores que abandonaron el programa sin completar su asignación, prohibiéndoles regresar a Cuba durante ocho años. Los nacionales cubanos regulados que no podían regresar a Cuba fueron clasificados como “emigrados”, perdiendo protecciones ciudadanas; derechos, incluidos los derechos de custodia sobre sus hijos; y cualquier propiedad dejada atrás, y no se les permitió visitar a sus familiares que permanecían en Cuba. Una organización internacional expresó preocupación por la política de Cuba de prohibir que padres que terminaron un contrato civil en el extranjero se reunieran con sus hijos. Según una ONG internacional, para 2021 el régimen cubano había sancionado a 40.000 trabajadores afiliados al régimen bajo estas disposiciones. En 2022, aproximadamente 5.000 niños fueron separados por la fuerza de sus padres debido a las disposiciones del programa.
Había aproximadamente 26.000 trabajadores médicos en más de 55 países a comienzos de 2025. El régimen cubano confisca entre el 75 % y el 95 % de los salarios que el país receptor acuerda pagar por cada trabajador. Del porcentaje restante, los funcionarios del régimen pagan a los trabajadores un estipendio de subsistencia, que generalmente se sitúa muy por debajo del salario mínimo y es significativamente inferior a lo que reciben otros trabajadores extranjeros por el mismo trabajo o uno similar, y supuestamente depositan el resto de los fondos en cuentas bancarias cubanas en pesos cubanos en lugar de la moneda que utiliza el gobierno anfitrión para pagar a Cuba por los servicios de los trabajadores. Los fondos depositados en Cuba solo se pagaban en su totalidad a los trabajadores cuando completaban con éxito una misión, o parcialmente, después de 11 meses de servicio y estando en Cuba.
Según un informe de 2021 que documentó 1.111 testimonios de trabajadores cubanos, el 75 % de los participantes no se ofrecieron voluntariamente para el programa, el 33 % nunca vio un contrato, el 69 % no conocía su destino final, el 38 % tuvo su pasaporte confiscado por funcionarios cubanos al llegar a su destino, el 76 % tuvo “supervisores”, el 76 % no podía asociarse libremente con personas locales, el 79 % tenía restricciones a su movilidad, el 91 % fue informado de que no podría regresar a Cuba si desertaba, el 75 % sufrió amenazas o presenció amenazas contra compañeros de trabajo, y el 40 % fue separado de sus hijos como castigo por desertar. Sobrevivientes del programa de exportación laboral informaron que supervisores del régimen los coaccionaron para realizar actividades delictivas, como falsificar historiales médicos, manipular expedientes clínicos, reportar procedimientos que no tuvieron lugar y desechar medicamentos para respaldar registros fraudulentos y estadísticas infladas. En 2023, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las Formas Contemporáneas de la Esclavitud envió una carta a las autoridades cubanas expresando preocupación por los presuntos abusos de derechos humanos sufridos por trabajadores cubanos afiliados al régimen, incluidos profesionales médicos y otro personal civil. En la carta, el Relator Especial se centró en abusos documentados en Italia, Qatar y España, incluidos salarios insuficientes, jornadas laborales exhaustivas sin remuneración adecuada, confiscación de pasaportes, condiciones laborales precarias y represalias contra los trabajadores que abandonaban el programa.
Algunos informes anecdóticos indican que el régimen cubano podría estar ampliando sus prácticas y explotando a ciudadanos en trabajo forzoso fuera de acuerdos bilaterales y en hospitales privados. Por ejemplo, había aproximadamente 160 víctimas cubanas de trabajo forzoso que trabajaban como profesionales médicos en un hospital privado en la República del Congo. Según un informe, los sobrevivientes experimentaron servidumbre por deudas, acoso, jornadas laborales exhaustivas, amenazas, salarios exiguos, condiciones de vida deficientes y hacinadas, y confiscación de pasaportes. Los sobrevivientes no recibieron un contrato en un idioma que comprendieran y no pudieron buscar asesoría legal ni conservar una copia del contrato que firmaron. Los sobrevivientes informaron una facilidad sin precedentes para obtener un pasaporte y viajar al extranjero, lo que era altamente inusual para trabajadores civiles regulados. Según los sobrevivientes, un indicador de estatus regulado fue agregado nuevamente a su expediente poco después de salir de Cuba. Diplomáticos cubanos en la República del Congo supuestamente pasaron por alto preocupaciones sobre trabajo forzoso y confiscación de pasaportes y no brindaron asistencia consular, lo que generó preocupación por complicidad oficial.
Si bien las misiones médicas siguen siendo las más rentables para el régimen, Cuba contaba con otros programas de exportación laboral igualmente coercitivos, incluidos, entre otros, docentes, atletas y entrenadores, artistas, músicos, arquitectos, ingenieros, técnicos forestales, trabajadores de la construcción y casi 7.000 marinos mercantes, quienes eran vulnerables a la explotación y al trabajo forzoso. El régimen cubano tenía aproximadamente 85 entidades afiliadas al Estado que exportaban servicios a distintos sectores. Si bien la CSMC y la UCSM eran las entidades principales y responsables del 75 % de las exportaciones laborales de Cuba, otras corporaciones controladas por el régimen estuvieron involucradas en esquemas de trabajo forzoso. Un informe de investigación de 2024 sobre la presencia del régimen cubano en Angola —donde había más de 2.000 víctimas de trabajo forzoso en 2023— confirmó que otras entidades del régimen seguían un patrón similar de explotación y trabajo forzoso. El número total de trabajadores cubanos afiliados al régimen en otros sectores sigue siendo desconocido.
Enlaces del reporte:
2025 Trafficking in Persons Report: Cuba
2025 Trafficking in Persons Report (full report)