Salarios insuficientes, transporte e impagos ponen a prueba a la CTC en una provincia cuya diversidad económica desborda representación sindical.
La Habana, Cuba (Sindical Press) – Lisbeth Bermúdez Rodés es la máxima dirigente del sindicato oficial en Artemisa, una de las provincias más ricas del país. Tiene agricultura (parte de su territorio pertenece al Cordón de La Habana), industrias, servicios, la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZEDM), trabajadores estatales, cooperativistas, trabajadores por cuenta propia y unas 350 mipymes.
La economía provincial es, por tanto, una de las más diversas. La imagen tradicional del artemiseño vinculado exclusivamente a una empresa estatal resulta errada. Pero la diversificación económica no produjo una diversificación de las relaciones laborales.
Según la prensa oficial, datos más recientes indican que 346 mipymes están contratadas legalmente, otras 32 permanecen fuera del proceso y 24 se extinguieron o causaron baja. Solo 284 mantienen estabilidad en los servicios a la población. La Central de Trabajadores de Cuba (CTC) provincial habla de la afiliación sindical en el sector no estatal, aunque admite que está por debajo de sus posibilidades.
Detrás de una mipyme hay un propietario que intenta mantener abierto un negocio y trabajadores que dependen de su estabilidad. Hay salarios superiores a los del Estado, pero tampoco están inmunizados frente a la inflación. Muchos profesionales del territorio migran al sector privado, donde encuentran una remuneración mayor, mientras otros permanecen en instituciones estatales al no tener alternativas.
En las discusiones oficiales previas al XXII Congreso del sindicato comunista, los artemiseños dejaron constancia de algunos de estos problemas: salarios insuficientes, dificultades con la bancarización, problemas derivados de la tasa de cambio, falta de materias primas, interrupciones eléctricas y dificultades en los encadenamientos entre empresas estatales y actores privados.
Es decir, el problema laboral ya no termina en la puerta de la empresa.
En Cabañas, Guanajay, Bauta o Alquízar, incluso llegar al trabajo puede convertirse en un problema económico. En mayo de 2026, la empresa provincial de transporte puso en marcha un servicio experimental con participación privada. El trayecto Artemisa-La Habana fue fijado en 700 pesos; San Cristóbal-La Habana, en 540; y los recorridos desde Mariel y San Antonio de los Baños, en 480. El transporte privado informal podía alcanzar cifras muy superiores, mientras el servicio estatal resultaba insuficiente o inexistente.
Para un trabajador que vive de un salario estatal, el transporte deja de ser simplemente un medio para llegar al empleo y se convierte en un drenaje financiero. Y entonces aparece el profesional.
Artemisa comenzó el curso escolar 2026-2027 con apenas el 64 % de su plantilla docente cubierta, por debajo del 73 % nacional; el resto debía cubrirse mediante reajustes, estudiantes universitarios y profesionales de otros sectores. En el municipio de Candelaria se reubicaron educadores que no podían trasladarse a sus centros. En San Cristóbal ocurrió algo parecido con los trabajadores de la salud que residían en otros municipios: fueron redistribuidos.
Aquí aparece una de las grandes paradojas de la Cuba laboral contemporánea: el Estado conserva profesionales formados durante años, pero tiene cada vez más dificultades para garantizar las condiciones materiales que les permitan permanecer en sus puestos. El maestro enseña con apagones. El médico reorganiza su vida alrededor del transporte. El ingeniero busca ingresos adicionales. El técnico termina por abandonar la empresa estatal para trabajar por su cuenta. El joven descubre que su título universitario no garantiza una vida económica saludable. Y la pregunta vuelve a ser sindical.
¿Qué puede hacer un sindicato ante un problema cuyo origen se encuentra en la política salarial, la inflación, la crisis energética, el transporte, la organización económica o las decisiones administrativas del Estado?
La respuesta oficial es movilización, discusión y participación en la búsqueda de soluciones en la base. Pero el problema aparece cuando la solución excede la capacidad del sindicato.
Los representantes artemiseños llevaron esa contradicción al XXII Congreso. Entre ellos había trabajadores de una mipyme de Bauta, del sector del comercio y de la Zona Especial de Desarrollo Mariel. La prensa provincial recogió una frase reveladora de uno de los delegados: el trabajador afectado por la bancarización cobra, pero «como si no lo hiciera».
Es una frase que merece atención. Porque, si el salario existe solamente en el papel, la relación laboral también comienza a vaciarse de contenido.
El caso de los productores agropecuarios, parte del «cordón rojo» de La Habana, lleva el problema todavía más lejos. En septiembre de 2026 se informó solo dos empresas agropecuarias estatales, las de Artemisa y San Antonio de los Baños, acumulaban más de 95 millones de pesos en deudas con productores, sin contar otras obligaciones financieras. Un productor declaró que una deuda de más de un millón de pesos por cosechas entregadas afectaba incluso su capacidad para contratar y pagar trabajadores.
Aquí el trabajador aparece atrapado en una cadena de impagos. El campesino no cobra. El campesino no puede pagar. El trabajador no recibe su salario. La producción siguiente se compromete. Y el círculo vuelve a empezar.
¿Dónde empieza entonces el problema laboral y dónde termina?
En medio de esta realidad, miremos a Lisbeth Bermúdez Rodés, secretaria general del Comité Provincial de la CTC. Su papel merece ser examinado, precisamente porque no sería serio atribuirle responsabilidades que corresponden a otras instituciones. Bermúdez no fija el salario nacional, no administra el sistema energético, no decide la política monetaria y tampoco dirige las empresas agropecuarias.
Pero ocupa la máxima responsabilidad de la organización sindical provincial, y por ello tiene salario, prebendas y algunas que otras regalías innombrables en este medio. Por tanto, su actuación permite observar qué hace la CTC comunista cuando los trabajadores enfrentan problemas que exceden el ámbito empresarial.
En abril de 2026, durante el plenario provincial de la CTC dedicado a las actividades del Primero de Mayo, Bermúdez conminó a participar en el desfile. Esa rutina adquiere otra dimensión cuando se coloca junto a los problemas que los artemiseños llevaron al XXII Congreso: salarios insuficientes, bancarización, materias primas, apagones, transporte y dificultades para articular el sector estatal con el privado.
Nos preguntamos: ¿Bermúdez hace su trabajo? ¿Cuál es el compromiso de la CTC con la defensa del trabajador artemiseño? ¿Cuál es el límite de su cargo? ¿Y cuál es la frontera del modelo sindical comunista?
Porque una organización puede organizar congresos, asambleas, reuniones, movilizaciones, elecciones sindicales y campañas productivas. Puede aumentar su afiliación. Puede visitar centros de trabajo. Puede recoger preocupaciones. Pero ¿puede negociar y enfrentarse a quien vulnera los intereses del trabajador? Artemisa está mostrando que esa prueba será cada vez más difícil de esquivar.
La expansión de las mipymes introduce nuevos empleadores. La ZEDM incorpora relaciones laborales diferentes. El trabajador por cuenta propia deja de ser únicamente un productor individual y puede convertirse en empleador. El profesional busca mejores ingresos. El joven compara el salario público con las oportunidades de la emigración. Y el campesino exige que le paguen aquello que ya produjo.
Ahí está el problema de Artemisa. No en Bermúdez Rodés como persona, sino en el espacio que su cargo le permite para actuar y en su valor personal para ampliar los límites de lo que se considera discutible dentro del modelo sindical.
La provincia cambia más deprisa que su representación laboral. Ese es el verdadero desafío de Bermúdez Rodés. Si no lo asume, quedará una paradoja difícil de ocultar: trabajadores más diversos, problemas laborales más complejos y una organización sindical que conoce las preguntas, pero parece más preocupada por conservar sus puestos que por responderlas.
No por gusto les dicen burócratas.