miércoles , 19 junio 2024
Miembros del ejército mexicano en Ciudad Juárez el 16 de agosto de 2022. (Reuters/JL González)

El CPJ condena la vigilancia militar mexicana de las comunicaciones de un activista con periodistas

Ciudad de México (CPJ) – En respuesta a los múltiples informes publicados el martes que afirman que las autoridades mexicanas vigilaron las conversaciones del activista de derechos humanos Raymundo Ramos con periodistas, el Comité para la Protección de los Periodistas emitió la siguiente declaración de condena:

«Las revelaciones de que las autoridades mexicanas han continuado espiando a activistas, incluyendo sus comunicaciones con reporteros, es una confirmación impactante de que las promesas del Presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la vigilancia ilegal no se han cumplido», dijo Jan-Albert Hootsen, representante del CPJ en México. «El hecho de que anteriormente no se exigieran responsabilidades a los funcionarios implicados en el espionaje prácticamente garantizaba que poco cambiaría. Sólo una investigación creíble, rápida y transparente de estos abusos demostrará que el gobierno se está tomando en serio estas acciones.»

Un reportaje conjunto publicado el martes 7 de marzo por The New York Times y el medio independiente mexicano Aristegui Noticias demostró que las autoridades militares utilizaron el software de vigilancia Pegasus, diseñado por la empresa israelí NSO Group, para espiar a Ramos.

Según ese reportaje, una unidad de inteligencia de la Secretaría de la Defensa de México atacó el teléfono de Ramos en numerosas ocasiones entre 2019 y 2020, y escuchó conversaciones que mantuvo con periodistas del diario El Universal sobre supuestas ejecuciones extrajudiciales de civiles en el norteño estado de Tamaulipas. Los documentos también revelaron que la secretaría acusó a Ramos de trabajar para una banda criminal en el estado.

López Obrador, quien asumió el cargo en 2018, prometió que su gobierno pondría fin a la vigilancia y negó el uso continuo de Pegasus. Investigaciones anteriores sobre el uso de Pegasus no han llevado a la detención de funcionarios públicos presuntamente responsables de la vigilancia. (Trad. CS)