En Cuba, Nicaragua, Venezuela y Guatemala figuran con graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática.
Redacción Radio Televisión Martí – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) informó el jueves que cuatro países latinoamericanos encabezan la lista de naciones con mayor acumulación de violaciones de los derechos fundamentales.
A Cuba, Nicaragua y Venezuela -que en los últimos años ya encabezaban la lista- se ha sumado ahora Guatemala.
“En dichos países se observan graves violaciones a los derechos humanos y ataques a la institucionalidad democrática (…) la CIDH reconoce la iniciativa de Guatemala para establecer una ruta de trabajo, sobre la base de un diálogo franco, con el fin de dar seguimiento a sus recomendaciones respecto de las preocupaciones observadas, así como su disposición para atender los requerimientos del Sistema Interamericano de Derechos Humanos”, dijo el organismo, con sede en Washington DC, a través de un comunicado al presentar el informe anual.
Acerca de Cuba, en 2021 la CIDH «continuó tomando conocimiento de diversos hechos que constituyeron obstáculos en el goce de los derechos de las personas que se encuentran bajo la jurisdicción del Estado cubano, tales como restricciones arbitrarias al derecho de reunión, presencia de un único partido, prohibición de asociación con fines políticos y negativa a incorporar propuestas provenientes de grupos disidentes al gobierno».
«Asimismo, la CIDH tomó conocimiento de las persistentes restricciones a los derechos políticos, de reunión y asociación, y a la libertad de expresión y de difusión del pensamiento».
«Además, dio seguimiento a las vulneraciones masivas a la libertad, seguridad e integridad personal; a la protección contra la detención arbitraria; a la inviolabilidad del domicilio y de circulación de la correspondencia», precisa el informe.
«De igual forma, las afectaciones a las garantías judiciales mínimas y a la protección judicial continúan limitando de manera sistemática los derechos humanos de los habitantes de Cuba. Este contexto ha afectado principalmente a las personas defensoras de derechos humanos, líderes sociales y políticos, activistas y periodistas independientes, así como a personas afrodescendientes, mujeres, personas LGTBI, entre otros grupos en situación de vulnerabilidad», subraya el documento.
En este sentido, la CIDH expresa su fuerte preocupación «ante los niveles de acoso y hostigamiento que enfrentan las personas defensoras de derechos humanos».
En términos generales, durante 2021, la Comisión otorgó 73 nuevas medidas cautelares, decidió ampliar otras 33 y solicitó a la Corte IDH cinco medidas provisionales, a la vez que emitió seguimiento a cuatro medidas cautelares ante el alto riesgo de las potenciales víctimas.
Según la presidenta de la CIDH, Julissa Mantilla Falcón, «el Informe Anual contribuye con la implementación de los estándares interamericanos que transforman la vida de las personas y el quehacer de las instituciones públicas de los países de la región”.
El informe reitera su preocupación por tendencias en algunos países donde hay muestras de “retrocesos en el Estado de derecho y ataques o desconocimiento a la independencia judicial”, según compila el estudio.
Según la CIDH, durante el período se observó “debilitamiento de instituciones nacionales” enroladas en la defensa de derechos humanos y el consecutivo cierre de espacios democráticos y leyes e iniciativas que restringen el derecho de asociación, a la libertad de expresión, de participación y reunión pacífica, entre otras.
“Se menciona la preocupante militarización en tareas de seguridad ciudadana, así como el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización de las protestas sociales”, explica el organismo.
También preocupan los retrocesos en el reconocimiento de derechos de las mujeres y personas de la comunidad LGBTI, además de acciones de violencia extrema por parte del crimen organizado y “la persistente desaparición de personas».
Además, según la CIDH “se señala que decenas de miles de personas migrantes y refugiadas se enfrentaron a políticas migratorias restrictivas y a situaciones de riesgo e inseguridad en las fronteras”. (CIDH y Voz de América)