lunes , 17 junio 2024

La UE restringirá el derecho a cobrar el paro a los trabajadores desplazados

Bruselas minimizó durante años el problema que los abusos en el acceso a ayudas sociales, aunque minoritarios, causaban en la opinión pública.

BEATRIZ NAVARRO | BRUSELAS (www.lavanguardia.com) – Europa no tiene las manos atadas para actuar ante posibles abusos a sus sistemas de protección social, aseguró ayer la Comisión Europea al presentar las reformas legales con las que pretende reforzar los poderes de los gobiernos ante estas situaciones y ayudar así a cerrar el paso a los partidos populistas.

“Si preguntas a la gente a qué derecho europeo están más apegados, a menudo se refieren al derecho a moverse libremente en la Unión”, aseguró Marianne Thyssen, comisaria europea de Empleo, pero la coordinación de los sistemas nacionales de seguridad social que lo hacen posible necesitan “una puesta a punto” para que sean justas “para los desplazados y los contribuyentes que no se mueven”. Las propuestas son la primera gran revisión de las normas desde el 2004, el año en que la Unión Europea de los Quince se abrió al Este y acogió a una decena de países de renta muy inferior.

Para desesperación de Alemania, Francia o el Reino Unido, Bruselas minimizó durante años el problema que los abusos en el acceso a ayudas sociales, aunque minoritarios, causaban en la opinión pública. Las cosas han cambiado. En pleno auge de los partidos extremistas y antieuropeos la iniciativa puede ayudar a “prevenir que los populistas envenenen aún más el debate público sobre la libertad de circulación y el acceso a las ayudas sociales en la UE”, defendió Thyssen en una reciente reunión del colegio de comisarios europeos.

Los principales cambios afectan a las condiciones de acceso al subsidio dedesempleo en otro Estado miembro. En adelante, será necesario haber trabajado “al menos tres meses” en el nuevo país para que al quedarse sin trabajo se incluya en su cálculo de la prestación por desempleo las cotizaciones acumuladas antes en su Estado miembro de origen. Es la medida más clara para afrontar el supuesto “turismo de las ayudas sociales”, aunque Bruselas reconoce que el impacto presupuestario del cambio es mínimo (se ahorrará un 0,04% de lo que cuestan actualmente estas prestaciones) y es sobre todo “una cuestión de percepción”.

La normativa pone negro sobre blanco que las autoridades nacionales podrán denegar el acceso a las prestaciones sociales a los trabajadores desplazados “económicamente inactivos”, es decir, parados que no busquen trabajo ni tengan medios de subsistencia propios. Varias sentencias del Tribunal de Justicia de la UE avalan este enfoque. Bruselas propone ampliar de tres a seis meses el tiempo que un trabajador puede ir a otro país de la UE a buscar trabajo llevándose consigo sus prestaciones de desempleo acumuladas. La medida pretende estimular la movilidad laboral, pero también tranquilizar a los países de destino sobre los medios de subsistencia de las personas que llegan. La CE también plantea cambios en el pago del paro a los trabajadores transfronterizos: el responsable será el país donde ha cotizado los últimos 12 meses, no el de residencia.

Las cesiones en este terreno a Londres para intentar que David Cameron ganara el referéndum sobre la UE han despertado el apetito de cambios de algunos gobiernos. Varios ya han respondido que las propuestas son insuficientes. Ocho, entre ellos Francia y Bélgica, reclaman, la revisión urgente de la directiva de trabajadores desplazados para evitar el dumping social que hacen algunas empresas que contratan por menos dinero en el Este para trabajar en la Europa rica.

Austria, por su parte, quiere ajustar la cuantía de las ayudas por hijos a la renta del país de residencia de los menores, tal y como se ofreció a Londres en su día para tratar de convencer a los británicos de que se quedaran en el club. Thyssen no ha querido ceder en este punto “por una cuestión de principios”, dijo. Aunque desplazado, el trabajador paga los mismos impuestos y cotizaciones sociales que los nacionales por lo que debe tener acceso a los mismos derechos. Serán los gobiernos y la Eurocámara quienes, durante el debate legislativo, decidan dónde queda ese equilibrio.