Mientras la CTC convoca asambleas sobre medidas económicas, los trabajadores de Mayabeque enfrentan problemas cotidianos que siguen sin respuestas concretas.
La Habana, Cuba (Sindical Press) – En Tapaste, un poblado del municipio de San José de las Lajas, un mensaje oficial sobre actividades comunitarias terminó convertido en una colección de quejas. Los vecinos aprovecharon los comentarios para reclamar algo bastante menos ceremonial: agua corriente, electricidad y soluciones para las averías que deterioran su vida cotidiana.
Según CiberCuba, el mensaje fue compartido en Facebook por Marisol Fuentes Ferrer, dirigente provincial del Partido Comunista, quien acompañó el texto con imágenes de esas actividades. Un residente denunció que la localidad llevaba semanas sin agua. Otros señalaron interrupciones eléctricas prolongadas y problemas sanitarios.
Así, lo que pretendía mostrar la actividad de las autoridades acabó dando visibilidad a los problemas que denunciaban los vecinos.
Tapaste no es toda Mayabeque, pero sirve de espejo. ¿Quién convierte las quejas de los ciudadanos y trabajadores en reclamaciones capaces de producir resultados?
El cuestionamiento concierne directamente a la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), cuya secretaria general en la provincia es Marlén Sosa Cruz. En las informaciones públicas consultadas, la dirigente aparece vinculada a las actividades de movilización y a las asambleas sindicales. Lo que resulta más difícil es conocer sus pronunciamientos específicos sobre las consecuencias laborales de los problemas que atraviesa la provincia y los resultados concretos de las gestiones sindicales para resolverlos.
No afirmamos que no realice gestiones en favor de los trabajadores. Pero tampoco encontramos documentación pública suficiente para evaluar sus resultados. Se trata de señalar una asimetría: las actividades de la organización tienen visibilidad pública, mientras que no es fácil conocer qué reclamaciones presenta, qué respuestas da y, qué problemas están pendientes.
Y para los trabajadores, esa diferencia no es secundaria.
Un autobús que no llega también es un problema laboral
En junio de 2025, el ministro de Transporte, Eduardo Rodríguez Dávila, describió las dificultades del transporte en Mayabeque. Mencionó el mal estado de las vías, la falta de combustible y piezas de repuesto, los bajos salarios de los transportistas y los problemas para estabilizar a los cuadros encargados de atender el sector. La situación incluía la necesidad de reparar el puente de Jibacoa y recuperar infraestructuras ferroviarias. En la línea Güines-Palo se señalaban afectaciones en 540 traviesas de madera.
Los datos describen una infraestructura deteriorada. Pero también permiten observar sus consecuencias laborales.
Un mayabequense sin transporte se levanta antes, gasta más dinero en desplazamientos alternativos o se arriesga a llegar tarde. Quien vive lejos de su centro laboral puede terminar destinando una parte desproporcionada de sus ingresos y de su tiempo a trasladarse. El transportista, por su parte, trabaja con vehículos, combustible y repuestos que no siempre están disponibles o son de dudosa procedencia.
¿Quién representa a esos trabajadores cuando las dificultades se prolongan? ¿Qué ha solicitado la CTC provincial para proteger sus condiciones de trabajo? ¿Existen compromisos con fechas, responsables y mecanismos de seguimiento? No basta con que el sorete reconozca las graves dificultades del transporte. El reconocimiento es el comienzo de una gestión, no su resultado.
El campo: trabajar sin contrato y cobrar cada día
En Mayabeque, una provincia con una importante actividad agrícola, la relación entre empleo y supervivencia presenta otra dificultad.
Un reportaje publicado por 14ymedio el 24 de abril de 2026 describió la situación de jornaleros informales que trabajan en el campo, también en Güines y Batabanó. Limpian cultivos, siembran viandas y participan en las cosechas a cambio de un pago diario. Muchos carecen de contrato formal, afiliación sindical y protección social. La preferencia por cobrar en efectivo está relacionada, entre otros factores, con las dificultades para disponer de billetes en un sistema cada vez más bancarizado. Aquí aparece una paradoja. El país necesita producir alimentos y los agricultores necesitan trabajadores, pero una parte de esa fuerza laboral se mueve fuera de los mecanismos legales de contratación y protección.
El jornalero puede conseguir dinero para llevar comida a casa, pero a su vez queda expuesto cuando enferma, sufre un accidente o pierde la posibilidad de trabajar. Sin contrato, también se debilita su capacidad para demostrar las condiciones acordadas y reclamar un pago justo o pendiente.
¿Qué hace el sindicato comunista? ¿Organiza a esos trabajadores, les informa sobre sus derechos y facilita mecanismos de protección? ¿Promueve conversaciones con cooperativas, productores y autoridades laborales para reducir la informalidad? No hay resultados públicos que permitan responder afirmativamente.
No hay elementos para afirmar que Marlén Sosa Cruz, secretaria general de la CTC en Mayabeque, desconozca estas cuestiones. Pero tampoco se conoce una estrategia pública para abordar la desprotección de los jornaleros. La pregunta es pertinente en una provincia donde la producción agrícola depende del trabajo físico de personas que no siempre cuentan con garantías laborales.
Agua, electricidad y salud: la jornada no termina al salir del centro laboral
Las dificultades de Tapaste muestran que la crisis de los servicios públicos también repercute sobre el trabajo. Las quejas vecinales recogidas por CiberCuba incluyeron problemas de abastecimiento de agua, interrupciones eléctricas y preocupación por enfermedades como el dengue. Ninguno de estos problemas es competencia directa de la CTC, pero todos afectan a trabajadores que deben descansar, alimentarse, mantener la higiene y acudir diariamente a sus puestos.
Cuando estas circunstancias se entrecruzan, el trabajador termina absorbiendo parte del coste de las deficiencias institucionales y gubernamentales.
La CTC comunista no administra las centrales eléctricas, no dirige el sistema de acueductos y no controla por sí sola el presupuesto provincial. Pero su función representativa debería permitirle documentar cómo afectan esas carencias a los trabajadores, presentar sus reclamaciones ante las autoridades competentes e informar de las respuestas obtenidas.
Esa es la diferencia entre atribuirle responsabilidades que no tiene y exigirle que cumpla las que sí le corresponden.
Las asambleas y la pregunta que queda pendiente
En septiembre pasado, Sosa Cruz informó que los trabajadores de la provincia celebraban asambleas para analizar las 176 medidas de transformación socioeconómica y para elaborar y aprobar el plan de la economía y el presupuesto de 2027. La información fue difundida por la emisora Radio Camoa, de San José de las Lajas.
¿Se discutirán allí las dificultades de los jornaleros? ¿Se examinará el impacto del transporte entre los trabajadores? ¿Habrá compromisos para denunciar las deficiencias de las condiciones laborales? ¿Conocerán las respuestas de las administraciones a sus reclamaciones?
No basta con convocar una reunión para demostrar que existe representación. Hay que poder explicar qué cambió gracias a ella.
Marlén Sosa Cruz tiene la oportunidad de responder a estas preguntas y presentar los resultados de su trabajo. La dirección provincial podría publicar un balance: cuántas reclamaciones ha recibido, cuáles trasladó a las autoridades, qué respuestas obtuvo, qué compromisos se cumplieron y qué problemas continúan sin solución.
Representar no es convocar
La actividad pública de la CTC provincial en Mayabeque, según la documentación localizada, incluye movilizaciones y asambleas. La información disponible, en cambio, no permite establecer qué resultados concretos ha obtenido la dirección sindical frente a los problemas laborales examinados. Esa distancia entre la actividad anunciada y los resultados verificables merece una explicación.
Es preciso preguntarse qué puede mostrar la CTC de Mayabeque a los trabajadores que siguen teniendo dificultades para llegar al empleo, cobrar por su jornada o ejercer su actividad con garantías.
En Tapaste, los vecinos utilizaron un mensaje oficial para contar lo que les faltaba. En los campos de Güines y Batabanó, los jornaleros buscan el pago diario aun cuando eso signifique trabajar sin protección. En el transporte provincial, los problemas de combustible, repuestos e infraestructura siguen condicionando la movilidad.
Son realidades diferentes, pero todas exigen respuestas que puedan comprobarse.