El estudio documenta fuertes caídas productivas, elevada dependencia de las importaciones y el papel decisivo del sector no estatal cubano.
(CS) – Un diagnóstico sobre el sistema agrario cubano advierte que la caída de la producción de alimentos responde a problemas estructurales acumulados durante décadas y plantea una transformación basada en mayor autonomía para los agricultores, derechos productivos claros, cooperativas independientes e inversión en infraestructura rural.
El informe, titulado Diagnóstico del sistema agrario de Cuba. Línea base técnica para un Proyecto Nacional de Modernización y Transformación Agraria, fue publicado por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales (ODLS), en cooperación con la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
Según el estudio, la crisis agrícola no puede explicarse solamente por los fenómenos climáticos, las sanciones estadounidenses o la falta coyuntural de insumos. Aunque reconoce el efecto de esos factores, identifica también restricciones institucionales, centralización de las decisiones, deterioro de la infraestructura, escasez de combustible, falta de incentivos, pérdidas poscosecha y limitada autonomía de productores y cooperativas.
Caídas de más del 50 % en varios cultivos
La comparación de las cifras oficiales de 2020 y 2024 muestra retrocesos significativos en seis de los siete grupos de cultivos analizados.
Durante ese período, la producción de cítricos cayó un 82,7 %; la de otras frutas, un 66,3 %; la de arroz, un 62 %; la de frijoles, un 60,2 %; la de hortalizas, un 54,5 %; y la de cereales, un 51,1 %.
Las viandas fueron la única categoría con un resultado positivo, al registrar un crecimiento del 20,2 %.
El diagnóstico señala, además, que el sector no estatal aporta entre el 71,1 % y el 88,4 % de la producción de los cultivos estudiados. Para los autores, estas cifras muestran que los agricultores privados y cooperativos ya desempeñan un papel esencial en el abastecimiento nacional, pese a sus dificultades para acceder a insumos, financiamiento, maquinaria, combustible, transporte y mercados.
Durante la presentación del estudio, un representante de ASIC cuestionó que las decisiones productivas continúen concentradas en estructuras administrativas alejadas de las condiciones locales.
“No se puede imponer a los agricultores privados qué deben sembrar. Hay que garantizarles semillas, fertilizantes y condiciones para producir, y permitirles decidir cómo organizar su trabajo y comercializar sus cosechas”, afirmó.
Cuba importa alrededor del 80 % de su oferta alimentaria
La contracción de la agricultura nacional ha profundizado la dependencia de las compras externas. El Programa Mundial de Alimentos estima que Cuba importa alrededor del 80 % de su oferta alimentaria, con un costo aproximado de 2.400 millones de dólares anuales. La mayor parte de los productos distribuidos mediante la canasta familiar normada también procede del exterior.
La FAO, por su parte, calculó para el ciclo 2024/2025 necesidades de importación de 1,3 millones de toneladas de cereales, incluidas aproximadamente 482.000 toneladas de arroz. El organismo relacionó esta situación con la baja producción nacional, los daños climáticos y la limitada disponibilidad de divisas.
El informe también examina el argumento oficial que atribuye la escasez principalmente al embargo estadounidense. Sus autores reconocen que las sanciones restringen el acceso al crédito, encarecen las transacciones y dificultan el comercio, pero señalan que los alimentos y productos agrícolas cuentan con excepciones y continúan llegando desde Estados Unidos.
En 2024, las exportaciones estadounidenses de carne y productos avícolas a Cuba alcanzaron aproximadamente 313 millones de dólares, de acuerdo con datos del Departamento de Agricultura de Estados Unidos.
Para ODLS y ASIC, la existencia de esas compras no elimina los efectos de las sanciones, pero demuestra que la crisis alimentaria no puede atribuirse a una sola causa ni desvincularse de las políticas internas aplicadas al sector.
Una propuesta para modernizar el campo cubano
El estudio propone que una futura transformación agraria reconozca derechos productivos y de usufructo estables, otorgue mayor capacidad de decisión a los agricultores y permita la creación de cooperativas y asociaciones de productores con autonomía real.
También recomienda facilitar el acceso a crédito, semillas, fertilizantes, tecnología y seguros; recuperar los sistemas de riego, almacenamiento, transporte y refrigeración; y establecer mercados transparentes que ofrezcan incentivos para producir sin abandonar la protección social.
Los autores advierten, sin embargo, que la liberalización por sí sola no garantiza mejores resultados. Una transición sin controles democráticos podría facilitar la concentración de tierras, la transferencia opaca de activos estatales, la corrupción y el desplazamiento de pequeños agricultores y trabajadores rurales.
El diagnóstico analiza experiencias de Vietnam, Polonia, Costa Rica, Uruguay y Nueva Zelanda para identificar prácticas que podrían resultar útiles y riesgos que Cuba debería evitar. Su conclusión es que el país no necesita copiar un modelo extranjero, sino construir una reforma adaptada a sus condiciones.
La propuesta combina descentralización, economía social y cooperativa, seguridad jurídica, inversión productiva, participación de las comunidades rurales y medidas de protección para los grupos más vulnerables.
Según el informe, la recuperación de la agricultura deberá ocupar un lugar central en cualquier proceso futuro de reconstrucción económica y democrática. El objetivo no sería solamente producir más alimentos, sino garantizar empleo rural digno, reducir la dependencia externa y devolver a los productores capacidad efectiva para decidir sobre su trabajo y sus recursos.