Sindicatos en India convocan huelga en 2026 contra la reforma laboral mientras crece el debate sobre despidos y negociación colectiva.
Diez centrales sindicales lideran la huelga en India contra los códigos laborales, defendidos por el Gobierno y empresarios como una modernización necesaria.
(Agencias) – La reforma laboral India 2026 ha reactivado un foco de tensión sindical, con una huelga general convocada para febrero y protestas en varios estados. Diez centrales sindicales nacionales han convocado una huelga general para el 12 de febrero y han impulsado protestas en varios estados, reabriendo el debate sobre el impacto real de una de las transformaciones laborales más profundas de las últimas décadas.
Las acciones están encabezadas por centrales que agrupan a una parte sustancial del sindicalismo organizado, especialmente en el sector público, la banca, la industria pesada y los servicios estratégicos. Varias de ellas mantienen vínculos históricos con partidos comunistas, una característica estructural del movimiento sindical indio. Esa capacidad de organización explica la escala de las protestas, aunque no equivale a una representación del conjunto de la fuerza laboral del país, mayoritariamente informal y no sindicalizada.
Las centrales sindicales y organizaciones del sector bancario rechazan los nuevos códigos por considerar que debilitan la protección del empleo y la negociación colectiva. En un pronunciamiento conjunto citado por Reuters, diez sindicatos centrales calificaron la reforma como “un fraude engañoso cometido contra el pueblo trabajador de la nación” y la describieron como “anti-trabajador y pro-empresarial”. También denunciaron que fue adoptada de manera unilateral, sin un proceso de consulta tripartita efectivo.
En el sector financiero, los sindicatos explicaron que su adhesión al paro responde a preocupaciones acumuladas sobre estabilidad laboral, jornadas de trabajo y condiciones de empleo. Según declaraciones recogidas por la prensa económica india, advierten que los códigos “erosionan salvaguardas fundamentales” y profundizan tensiones ya existentes en el sistema.
Las protestas han tenido además expresiones fuera de los grandes centros urbanos. A mediados de enero, trabajadores y organizaciones campesinas realizaron movilizaciones coordinadas en distintos estados durante un llamado Día Nacional de Resistencia. En esos actos, la reforma laboral fue presentada como parte de un paquete más amplio de políticas percibidas como favorables a los intereses corporativos. Dirigentes regionales del Partido Comunista de la India (Marxista) afirmaron que los códigos “hacen la vida difícil para la gente común” y advirtieron que las movilizaciones continuarán mientras no se revisen los cambios introducidos.
El trasfondo del conflicto se encuentra en un sistema laboral históricamente fragmentado. Durante décadas, India reguló el trabajo a través de 29 leyes dispersas, muchas heredadas del período colonial o diseñadas para una economía industrial ya superada. Para el Gobierno, ese entramado generaba inseguridad jurídica, fomentaba la informalidad y dificultaba la extensión de la seguridad social a millones de trabajadores.
Desde el Ejecutivo, los códigos han sido defendidos como una reforma estructural destinada a simplificar la regulación y modernizar el mercado laboral. En encuentros regionales recientes, la ministra de Estado de Trabajo los describió como “una reforma histórica” que mejora la transparencia y amplía la cobertura legal, incluyendo por primera vez a trabajadores de plataformas digitales y otras formas de empleo no tradicional.
El enfoque gubernamental cuenta con respaldo del equipo económico. El principal asesor económico del Ejecutivo, V. Anantha Nageswaran, sostuvo que la reforma busca “alinear el crecimiento de los salarios con los beneficios empresariales”, bajo la premisa de que una mayor productividad permitiría una distribución más equilibrada de los ingresos.
Desde el sector empresarial, las organizaciones patronales también han defendido la reforma laboral. La Confederation of Indian Industry afirmó que los nuevos códigos “aportan claridad y flexibilidad a un sistema excesivamente fragmentado” y permitirán a las empresas “crear empleo y adaptarse mejor a los cambios del mercado”, aunque reconoció la necesidad de mantener un diálogo continuo con sindicatos y autoridades durante la implementación.
Críticos y analistas advierten, sin embargo, que la simplificación normativa ha venido acompañada de cambios que alteran el equilibrio entre capital y trabajo. Uno de los puntos más controvertidos es la ampliación de los umbrales que permiten a las empresas realizar despidos sin autorización administrativa previa, una disposición que podría afectar a millones de trabajadores en empresas medianas.
A estas tensiones se suma una aplicación desigual. La elaboración de reglamentos a nivel estatal, aún en desarrollo en varias regiones, introduce diferencias en la implementación práctica de los códigos y refuerza la percepción de que los costos y beneficios de la reforma no se distribuirán de manera uniforme. Mientras grandes empresas cuentan con recursos para adaptarse, persisten dudas sobre si los trabajadores informales verán mejoras concretas en estabilidad y acceso a la seguridad social.
En 2026, la reforma laboral india ha dejado de ser un ejercicio técnico de reorganización legal para convertirse en un foco de confrontación sindical y política. El debate ya no gira solo en torno a la necesidad de modernizar un sistema obsoleto, sino sobre cómo se redefine el equilibrio entre crecimiento económico, flexibilidad empresarial y derechos laborales en una de las mayores fuerzas de trabajo del mundo.