El pliego de demandas de ASIC anticipó el escándalo que evidenció la corrupción y desconexión del gobierno con intereses nacionales.
Pittsburgh (Sindical Press) – El pliego de demandas presentado por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) a la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) el 24 de julio más allá de exponer y denunciar pormenores de la crisis multisectorial existente, junto a propuestas solucionadoras, fue un documento premonitorio de lo que sucedería días después en relación al escándalo que expuso, con pelos y señales, la naturaleza depredadora de la cúpula de gobierno y su total desvinculación de los intereses nacionales.
El destape sobre la existencia de la multimillonaria suma de dinero en poder del Grupo de Administración Empresarial S.A (GAESA), dado a conocer en las páginas del Miami Herald, puso en el candelero lo que se suponía y sobre lo cual la ASIC llamaba la atención en el documento, en el punto relacionado con la “transparencia institucional y combate a la corrupción y nepotismo”.
En este apartado, que antecede a las conclusiones, se pide “la creación de rendición de cuentas público y vinculantes para funcionarios” y seguidamente reclama “someter a GAESA a una auditaría financiera y operativa independiente que investigue el desvío de recursos, la corrupción institucional y el abuso de poder”, entre otros temas puntuales vinculados al referido tópico.
Como si se tratara de una respuesta, en los primeros días de agosto salieron a la palestra los 18 000 millones de dólares atesorados por este emporio, conformado por docenas de empresas, dirigido por la general de brigada, Ania Guillermina Lastres Morera.
La información filtrada al Miami Herald reveló la opacidad de los registros contables del monopolio castrense y su funcionamiento al margen del aparato económico estatal lo que avala la existencia de una vasta red de corrupción, tráfico de influencias y nepotismo sin que medien cuestionamientos, al menos públicos, ni auditorías.
Tras conocer la elevada cifra monetaria que supera las reservas internacionales de países como Uruguay, Costa Rica y Panamá, se confirma una verdad que necesitaba ser acreditada con pruebas concluyentes, como las obtenidas por un análisis exhaustivo de balances, inventarios y reportes de ganancias de un grupo de empresas de la entidad creada, en los inicios de los 90, como parte del Plan de Perfeccionamiento Empresarial, liderado por Fidel Castro.
Con esta revelación, el régimen de La Habana ha sido expuesto sin cortapisas y de una manera infalible. Su discurso queda más vacío que nunca ante un pueblo sometido a una miseria de proporciones homéricas, mientras la fortuna de los militares, los dueños del poder real, crece incontenible.
La mención de este asunto en el documento de la ASIC no fue un hecho fortuito, es parte del resultado del trabajo consciente y comprometido con las necesidades de los cubanos de a pie, especialmente en la defensa de sus derechos laborales y sindicales, desde su fundación en el 2016.
Hay que decir que la responsabilidad de GAESA en el desastre económico y social siempre estuvo en su radar. Por eso fue uno de los temas incluidos, sin imaginar que se convertiría en el preludio de un desenmascaramiento al que los encartados han respondido alternado filigranas y un silencio absoluto sobre el capital acumulado.
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Documento relacionado: Pliego de demandas por la libertad sindical, la justicia económica y la democracia en Cuba
El Pliego de demandas por la libertad sindical, la justicia económica y la democracia en Cuba constituye una propuesta formal presentada por la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) a la Asamblea Nacional del Poder Popular en julio de 2025. El documento recoge 10 demandas prioritarias que abarcan reformas democráticas, liberación de presos políticos, contratación internacional bajo normas de la OIT, empleo sin discriminación, reconocimiento de la propiedad privada, reforma fiscal, libertad sindical, fin del acoso al emprendimiento, desvinculación de la CTC del control político y transparencia institucional. Basado en las observaciones del Caso Núm. 3271 ante la OIT, denuncia violaciones sistemáticas a derechos laborales y sindicales, e insta a una transformación estructural que garantice pluralidad política, autonomía ciudadana y respeto a la dignidad humana.