ASIC advierte que la transición solo será legítima si garantiza libertad sindical, derechos laborales y la liberación de presos políticos.
(CS) – La captura de Nicolás Maduro, ocurrida este sábado, ha marcado un quiebre político tras años de negación sistemática de derechos. En ese contexto, una pregunta se vuelve inevitable: ¿qué lugar ocupan los derechos del trabajo en el proceso que se abre? No es una cuestión secundaria ni técnica. De esa respuesta dependerá si el quiebre deriva en una restitución real de derechos o en una nueva administración del poder con distinto lenguaje.
En ese marco se inscribe el mensaje emitido por la Asociación Sindical Independiente de Cuba. No se trata de un pronunciamiento diplomático ni de una lectura geopolítica del momento. Es una intervención sindical que introduce una advertencia concreta: sin libertades laborales y sindicales efectivas, no puede hablarse de una salida democrática legítima.
El mensaje es directo. La historia reciente demuestra que los momentos de quiebre suelen ser aprovechados para recomponer el poder sin alterar las relaciones que sostuvieron la exclusión. Para la clase trabajadora, demasiadas transiciones han significado continuidad en la precariedad, en la represión a la organización autónoma y en la criminalización de la protesta. Cambian los discursos, pero se preservan los mecanismos de control.
Por eso la advertencia sindical no se formula en términos abstractos. Se expresa en exigencias precisas: libertad de asociación, libertad sindical, derecho a organizarse sin miedo, a negociar colectivamente, a participar en la vida pública sin coerción ni represalias. Estos no son complementos del proceso político, sino sus condiciones mínimas de legitimidad.
Un punto central del mensaje es la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, incluidos los sindicalistas encarcelados por ejercer derechos laborales básicos. No se plantea como un gesto humanitario ni como una concesión simbólica, sino como un criterio estructural. Un proceso que mantiene encarcelados a trabajadores por organizarse no inaugura una etapa democrática, aunque cambien las autoridades o se anuncien reformas.
La insistencia en reglas claras, garantías públicas y verificación internacional responde a una constatación conocida por el movimiento sindical: cuando los procesos de cambio se construyen sin control social efectivo, los derechos laborales suelen ser los primeros en quedar subordinados. La gobernabilidad se presenta entonces como justificación para limitar la organización, restringir la protesta y posponer libertades.
Desde Cuba, donde la organización sindical independiente continúa siendo criminalizada y el pluralismo laboral negado por el Estado, esta advertencia adquiere un peso particular. No es una observación externa ni una solidaridad abstracta. Es la voz de una experiencia marcada por procesos “ordenados” que terminaron consolidando nuevos ciclos de silencio y subordinación para quienes viven de su trabajo.
El mensaje no anticipa escenarios ni adjudica responsabilidades futuras. Señala un criterio. Lo que está en juego en Venezuela no es solo el relevo del poder político, sino la posibilidad de reconstruir la relación entre el Estado y la sociedad sobre bases distintas. La clase trabajadora puede volver a ser sujeto de derechos o permanecer como objeto administrado del proceso.
El punto decisivo es este: ¿podrán los trabajadores organizarse libremente sin miedo? ¿Podrán ejercer la libertad sindical, negociar colectivamente y protestar sin represalias? Si la respuesta es negativa, el quiebre será apenas un cambio de forma. Si es afirmativa, se habrá dado un paso real hacia una democracia que incluya, por fin, a quienes sostienen la sociedad con su trabajo.