La cancelación de acuerdos colectivos en EPA y otras agencias plantea interrogantes sobre el futuro de la negociación laboral federal.
Cuba Sindical – La Agencia de Protección Ambiental (EPA) sorprendió al anunciar la cancelación inmediata de sus contratos colectivos con varios sindicatos, incluido el American Federation of Government Employees (AFGE), que representa a unos 8.000 trabajadores. Según informó Reuters, la agencia comunicó a los líderes sindicales que mantener los acuerdos supondría un “daño irreparable a la seguridad nacional”, amparándose en una orden ejecutiva firmada en marzo por el presidente Trump y respaldada por una reciente decisión del Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito.
Como destacó Federal News Network, la EPA no es la única institución afectada. El Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) anuló la mayoría de sus contratos con sindicatos que representan a cientos de miles de trabajadores, muchos de ellos veteranos, lo que provocó advertencias de que esta medida podría afectar la atención a los exmilitares y que, en opinión de las organizaciones gremiales, equivale a una represalia por su oposición a cierres y recortes. En declaraciones recogidas por Axios, dirigentes sindicales acusaron al gobierno de contradecir sus propios mensajes de apoyo a los veteranos.
La ola de cancelaciones alcanzó también a la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) y a Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), que aplicaron la misma orden ejecutiva para poner fin a la negociación colectiva. De acuerdo con The Washington Post, expertos estiman que la medida podría impactar al 80 % de los empleados federales, incluso en puestos sin relación directa con la seguridad nacional.
Las reacciones sindicales no se hicieron esperar. Justin Chen, presidente del AFGE Council 238, calificó la decisión de la EPA como “autoritario” y “un asalto a nuestra democracia”, prometiendo una batalla judicial para defender los derechos laborales y la misión de la agencia. En una declaración reproducida por la propia AFGE, se acusó a la administración de intentar silenciar las voces críticas y de allanar el camino para una desregulación favorable a corporaciones contaminantes.
Esta medida se enmarca en la orden ejecutiva firmada el 27 de marzo, que retiró el derecho a la negociación en más de dos docenas de agencias federales relacionadas o clasificadas como vinculadas a la seguridad nacional, entre ellas los departamentos de Estado, Defensa, Energía, Justicia, Salud y la EPA. Sindicatos como la AFGE la calificaron desde el inicio como punitiva y llevaron el caso a los tribunales. En abril, un juez federal llegó a bloquear temporalmente la orden, argumentando que era inconstitucional y que afectaba a unos 1,25 millones de empleados públicos, aunque esa victoria legal resultó efímera ante los recursos posteriores del gobierno.
El desenlace de este conflicto dependerá de los procesos judiciales en curso y de las futuras decisiones administrativas. Por ahora, la medida marca un nuevo capítulo en la relación entre el gobierno federal y sus trabajadores, con implicaciones que podrían redefinir el alcance de la negociación colectiva en el sector público estadounidense.