En una muestra de 415 adultos, ninguno se situó dentro de los parámetros normales de salud mental durante los apagones.
La Habana (DDC) – El resquebrajamiento integral de la sociedad cubana ha desbordado los marcos de la precariedad material para convertirse en una severa emergencia de salud pública que carcome la estabilidad mental, la estructura familiar y las redes de apoyo comunitario en la Isla. Así lo evidencia el Diagnóstico Integral de la Crisis Psicosocial en Cuba, elaborado por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales (ODLS) en conjunto con la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC), que pone el foco en la cada vez más honda fractura emocional de la Isla.
Uno de los aportes centrales del diagnóstico revela que, en una muestra de 415 adultos encuestados, ninguno se situó dentro de los parámetros normales de salud mental durante los períodos de cortes eléctricos.
Así, un 54% de los encuestados padece depresión extremadamente severa, mientras que un 66% registra niveles de ansiedad severa y un 65,8% sufre estrés en grado extremo.
Según los autores del estudio, las consecuencias de las continuas interrupciones del servicio eléctrico van mucho más allá de la falta de iluminación o refrigeración: fracturan la rutina básica —dormir, cocinar, trabajar, cuidar de dependientes— y despojan al individuo de su “sentido de agencia personal”, un factor imprescindible para la estabilidad psicológica.
Al propio tiempo, la precariedad alimentaria se consolida como otro eje determinante en el deterioro psicosocial. Apoyándose en mediciones del Food Monitor Program, el informe señala que en 2025 el 33,89% de la población se acostó sin comer al menos una vez al mes, cifra que confirma una escalada frente al 24,6% registrado en 2024 y al 18,7% de 2023.
Esta escasez crónica, combinada con la falta de perspectivas de desarrollo individual, ha sumido a amplios sectores —en especial a las generaciones más jóvenes— en la denominada “indefensión aprendida”, un estado psicológico en el que prevalece la convicción de que ningún esfuerzo modificará el entorno.
El documento vincula el colapso de los proyectos de vida juveniles con un preocupante incremento del consumo de sustancias, la urgencia migratoria y el aumento de las conductas suicidas. Citando reportes sanitarios locales, el estudio ilustra que en provincias como Sancti Spíritus alrededor de 200 adolescentes son ingresados cada año por intento de suicidio, con causas asociadas a la crisis económica, la disfuncionalidad en los hogares y el acoso.
En este contexto, la parálisis de las instituciones públicas y la erosión del tejido social se traducen asimismo en un repunte de la criminalidad y la violencia, con un alza documentada de los asesinatos y las agresiones físicas, así como de los crímenes de índole feminicida. Así, “la violencia se intensifica en las viviendas durante los apagones prolongados y en entornos de extrema vulnerabilidad material”, resaltó el informe.
“A partir de este conjunto de evidencia convergente, el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales concluye que la dictadura no está garantizando las condiciones mínimas para la salud de su población y, en particular, para su salud mental”, destacó, y denunció que el régimen ha llevado a Cuba a la condición de “Estado fallido en materia de garantías sociales básicas”.
Finalmente, el documento enfatiza que la habitual costumbre de sobrellevar las carencias mediante chistes, memes o frases irónicas no debe interpretarse como prueba de resiliencia o adaptación pacífica, sino como una estrategia desesperada de afrontamiento psicológico ante un Estado que rehúsa garantizar los derechos humanos y la protección social básica.
Documento: Diagnóstico Integral de la Crisis Psicosocial en Cuba.