La decisión revierte el fallo de Susan Illston, que bloqueó despidos masivos al considerar que carecían de autorización del Congreso.
(Agencias) – La Corte Suprema de Estados Unidos levantó el pasado 8 de julio una orden judicial que había frenado temporalmente los planes del gobierno para implementar una reestructuración a gran escala del aparato federal. Esta decisión habilita a la administración del presidente Donald Trump a continuar con su programa de reducción de personal, cierres de oficinas y fusiones de agencias, parte de su estrategia para redimensionar el Estado federal.
La medida revierte un fallo previo de la jueza Susan Illston, del Distrito Norte de California, quien había bloqueado lo que calificó como despidos masivos sin autorización del Congreso. Su fallo respondía a una demanda presentada por sindicatos, organizaciones civiles y gobiernos locales, que argumentaban que el Ejecutivo no podía eliminar programas ni modificar estructuras federales sin aprobación legislativa. La jueza llegó incluso a ordenar la reincorporación de empleados despedidos, aunque esa parte del dictamen fue suspendida en espera del proceso de apelación.
El plan gubernamental contempla reducciones de personal en más de una docena de agencias, incluyendo los departamentos de Agricultura, Comercio, Salud y Servicios Humanos (HHS), Estado, Tesoro y Asuntos de Veteranos. Según estimaciones internas, los recortes podrían afectar a decenas de miles de trabajadores en los próximos meses.
Conflictos legales en tribunales inferiores
Aunque la Corte Suprema levantó la orden general que impedía los despidos masivos en el gobierno federal, los tribunales inferiores continúan revisando e incluso bloqueando medidas específicas cuando consideran que existen fundamentos legales distintos.
Por ejemplo, el 1 de julio, una semana antes del fallo del alto tribunal, la jueza Melissa DuBose, del Distrito de Rhode Island, dictó una orden preliminar que bloquea la reorganización del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS). Su decisión se basó en posibles violaciones a la Ley de Procedimientos Administrativos, cuestionando la legalidad de implementar cambios estructurales sin seguir los procedimientos reglamentarios establecidos.
Este fallo impide, por el momento, el cierre de oficinas regionales del HHS y la desvinculación de unos 10.000 empleados, mientras el caso avanza en las cortes. Se trata de una demanda distinta a la presentada en California, que fue objeto del fallo de la Corte Suprema el 8 de julio, el cual abordaba la legalidad global del plan de reestructuración sin aprobación del Congreso.
En este sentido, la Corte Suprema no estableció que toda reorganización federal sea legal en cualquier circunstancia, sino únicamente que el presidente no necesita autorización legislativa previa para ejecutar despidos generales dentro de sus atribuciones ejecutivas. Sin embargo, los jueces federales de distrito, como DuBose, pueden seguir interviniendo cuando medidas puntuales vulneran derechos, procedimientos o normativas específicas.
En el sistema judicial estadounidense, los jueces de distrito tienen autoridad para dictar medidas cautelares —como suspensiones o bloqueos— si consideran que existe riesgo de daño irreparable o una posible violación legal. Estas decisiones pueden ser apeladas ante las cortes de circuito, y eventualmente revisadas por la Corte Suprema, pero mientras tanto siguen vigentes y con fuerza legal en sus respectivas jurisdicciones.
Precedentes
Si bien la reestructuración del aparato federal es una iniciativa controvertida bajo la actual administración, no es la primera vez que un presidente estadounidense impulsa recortes o reorganizaciones en el gobierno. Sin embargo, lo que distingue el enfoque actual es tanto la escala como la velocidad, además de la ausencia de respaldo legislativo.
Durante los años noventa, el presidente Bill Clinton redujo de forma significativa el tamaño del gobierno federal. A través de la iniciativa Reinventing Government, dirigida por el entonces vicepresidente Al Gore, se promovieron recortes graduales en agencias públicas. La estrategia se apoyó en programas de retiro voluntario, jubilaciones incentivadas y políticas de no reemplazo. En total, se estima que cerca de 440.000 puestos fueron eliminados durante los ocho años de mandato. Este proceso fue respaldado por el Congreso mediante la Federal Workforce Restructuring Act de 1994, que autorizó indemnizaciones voluntarias de hasta 25.000 dólares para empleados que aceptaran salir del servicio público. La reducción fue estructurada, negociada y ejecutada con participación de los sindicatos y otras partes interesadas.
Un caso anterior fue el del presidente Ronald Reagan, quien en la década de 1980 también promovió recortes presupuestarios y eliminó agencias consideradas ineficientes. Aunque su administración no logró una reducción drástica del número total de empleados federales, sí se destacó por el despido de más de 11.000 controladores aéreos que se declararon en huelga ilegal en 1981. Aquel episodio, amparado en la ley que prohíbe huelgas del sector público federal, fue uno de los actos más visibles de autoridad ejecutiva en la era moderna, pero se limitó a un gremio específico.
Bajo la presidencia de Barack Obama, el número de empleados federales aumentó en los primeros años, como respuesta a la crisis financiera de 2008 y la expansión de programas sociales. Posteriormente, la plantilla se estabilizó, y aunque se propusieron algunas reorganizaciones (como la del Departamento de Comercio en 2012), estas nunca se ejecutaron, en parte porque el Congreso no aprobó las leyes necesarias.
En contraste con todos estos casos, la administración de Donald Trump en su segundo mandato ha planteado una reestructuración acelerada que pretende eliminar más de 200.000 empleos federales en menos de un año, sin contar con legislación aprobada ni mecanismos participativos. En lugar de incentivos voluntarios, se han utilizado programas de renuncia diferida y despidos directos. Esta diferencia en el enfoque ha sido uno de los principales argumentos en las demandas judiciales presentadas por sindicatos y gobiernos locales, y ha generado un debate nacional sobre los límites constitucionales del poder ejecutivo para rediseñar el Estado sin intervención del Congreso.
Por el momentos, sindicatos, gobiernos estatales y organizaciones de defensa de servicios públicos siguen evaluando nuevas vías legales para detener o modificar los recortes. La batalla en los tribunales aún no ha terminado, y el alcance real de la reestructuración dependerá de cómo se resuelvan estas demandas en curso.