La ASIC prone una hoja de ruta basada en criterios técnicos, modelos internacionales y la defensa de los derechos laborales.
(DDC) – El sistema portuario de Cuba no podrá superar su profunda obsolescencia ni convertirse en un motor de reconstrucción económica mediante parches coyunturales. Así lo refleja un exhaustivo diagnóstico técnico publicado por el Observatorio de Derechos Laborales y Sindicales, adscrito a la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC).
La organización señaló que la Isla requiere un Plan Maestro Portuario Nacional a 25 años que combine inversión, seguridad jurídica, reforma institucional y respeto estricto a los derechos de los trabajadores.
El estudio advirtió que la favorable ubicación geográfica de Cuba no se traduce hoy en capacidad real. Salvo la Zona Especial del Mariel, la red portuaria nacional exhibe “obsolescencia, bajo nivel tecnológico, limitaciones de dragado, deterioro de muelles, debilidad de accesos terrestres y baja integración multimodal”.
Esta brecha operativa queda en evidencia al contrastar la escala nacional con la regional: mientras en 2023 Cuba movió apenas 311.127 TEU (unidades equivalentes a contenedores de 20 pies), un solo puerto de Florida, como JAXPORT, registró más de 1,38 millones de TEU proyectados para el año fiscal 2025.
Para corregir este rezago estructural, la propuesta plantea ordenar la red mediante una especialización funcional estricta, en la que Mariel quedaría como un “hub nacional de contenedores, logística internacional y zona especial”, mientras que el puerto de La Habana sería reorientado hacia un perfil urbano y turístico centrado en “cruceros, ferris, marinas” y la reconversión de su frente marítimo.
Entretanto, los puertos de Matanzas y Cienfuegos estarían especializados en graneles, energía, agroindustria e “industria con elevados estándares de seguridad ambiental”, al tiempo que Santiago de Cuba quedaría como la “puerta logística del oriente” para carga regional y cabotaje.
En el plano institucional, la ASIC defendió una “transición hacia un modelo landlord“, en el cual el Estado conserve la propiedad del suelo y la planificación estratégica, mientras la operación de las terminales se entregue a operadores privados mediante concesiones transparentes.
La hoja de ruta prevé la aprobación de una Ley General de Puertos, la creación de una Autoridad Portuaria Nacional e inversiones prioritarias estimadas en rangos que van desde los 30 a 80 millones de dólares para la digitalización (Ventanilla Única y Port Community System) hasta 2.500 millones para la infraestructura ferroviaria y la protección costera.
Siguiendo la línea mantenida por la ASIC en sus análisis sectoriales sobre infraestructuras críticas en Cuba, el informe coloca a los trabajadores en el centro del proceso. La organización subrayó que “la modernización tecnológica no debe derivar en precarización ni despidos masivos”.
Por ello, la ASIC propone adaptar los principios de los contratos suscritos en EEUU entre la International Longshoremen’s Association (ILA) y la United States Maritime Alliance (USMX). Aunque la entidad sostuvo que no busca la importación mecánica de escalas salariales extranjeras, enfatizó en la urgencia de establecer un “Programa Nacional de Trabajo Decente Portuario”, respaldado por una Mesa Nacional Tripartita, la garantía plena de la libertad sindical, estatutos laborales por oficio y cláusulas de “transición justa frente a la automatización”.
“Los trabajadores portuarios deben ser tratados como actores estratégicos. Sin libertad sindical, negociación colectiva, formación y seguridad y salud en el trabajo, la modernización puede generar conflicto, precarización y pérdida de legitimidad”, concluyó el análisis, ratificando que la reconstrucción económica de Cuba exige instituciones transparentes y el fin de la exclusión laboral de los trabajadores.