La historia termina por desprenderse de las estatuas y juzga a los hombres por las instituciones que edificaron o destruyeron.
La Habana (Sindical Press) – El 13 de agosto de 2026 no será únicamente el centenario del nacimiento de Fidel Castro. Será también el centenario del hombre que consumó la demolición del movimiento obrero y sindical cubano.
Mientras el aparato del Estado, del Partido Comunista y del Gobierno encienda las habituales luminarias de la propaganda para glorificar al caudillo, habrá otra Cuba, la de la memoria, la del exilio y la del silencio impuesto, que recordará una verdad incómoda: la desaparición deliberada de la libertad sindical en la Isla.
Los homenajes oficiales intentarán perpetuar la imagen del conductor providencial. Sin embargo, la historia, cuando logra escapar de la censura, termina por desprenderse de las estatuas y juzga a los hombres por las instituciones que edificaron o destruyeron. En ese tribunal no comparecen los discursos, sino las consecuencias. Y pocas consecuencias han sido tan devastadoras para la República como la extinción de la autonomía obrera.
No fue una improvisación ni el resultado inevitable de las circunstancias revolucionarias. Fue un proyecto político concebido con precisión y ejecutado con disciplina. Ningún poder absoluto tolera cuerpos intermedios entre el Estado y el ciudadano. Los sindicatos libres eran uno de esos cuerpos. Había, por tanto, que convertirlos en instrumentos dóciles o hacerlos desaparecer.
Fidel Castro no estuvo solo en esa empresa. Lo acompañaron dirigentes comunistas convencidos de que podrían compartir el poder con quien nunca admitió competencia alguna. Creyeron utilizar al caudillo y terminaron siendo utilizados por él. Como ocurre en todas las revoluciones devoradas por el personalismo, las primeras víctimas fueron precisamente quienes imaginaron que serían sus arquitectos. La revolución no aceptó aliados; únicamente admitió subordinados.
La destrucción del sindicalismo libre descansó sobre cinco columnas cuya sombra todavía oscurece la vida laboral de los cubanos.
La primera consistió en eliminar el pluralismo sindical. Antes de 1959, Cuba contaba con una larga tradición de organización obrera y de negociación sindical. El movimiento obrero cubano, con todas sus contradicciones y conflictos, disponía de organizaciones diversas, capaces de negociar convenios colectivos, convocar huelgas y discutir con los empleadores desde posiciones independientes. Esa pluralidad desapareció entre 1959 y 1961. Los dirigentes que no aceptaron la subordinación fueron destituidos, encarcelados, empujados al exilio o condenados al ostracismo político. Allí comenzó el silencio. Cuando el sindicato dejó de pertenecer a los trabajadores, comenzó a pertenecer al poder.
La segunda columna fue la transformación de la Central de Trabajadores de Cuba en una dependencia del Estado y, posteriormente, del Partido Comunista. Desde entonces dejó de existir el equilibrio indispensable entre quien trabaja y quien administra. El mismo Estado pasó a ser empleador, legislador, inspector, juez y beneficiario del trabajo nacional. La organización sindical dejó de representar intereses laborales para convertirse en transmisora de órdenes políticas. La independencia fue sustituida por obediencia; la representación, por burocracia.
La tercera fue la abolición práctica de la huelga y de la negociación colectiva. Ningún derecho laboral posee eficacia cuando desaparece la posibilidad de ejercer presión frente al empleador. Sin huelga no existe equilibrio; sin negociación independiente solo permanece el mandato administrativo. El trabajador cubano conservó un catálogo de derechos escritos, pero perdió el instrumento que permite defenderlos. Las leyes permanecieron impresas; la libertad desapareció de los talleres, de los ingenios, de las oficinas y de las fábricas.
La cuarta consistió en convertir el mérito profesional en una cuestión política. Allí donde antes debía evaluarse la capacidad, comenzó a examinarse la fidelidad. La llamada “confiabilidad política” sustituyó la competencia como criterio de promoción. Miles de cubanos comprendieron que el ascenso dependía menos del esfuerzo que de la adhesión ideológica. Así nació una cultura donde la simulación terminó siendo más rentable que el talento y donde el silencio pasó a ser una forma cotidiana de supervivencia.
La quinta y última columna fue quizá la más profunda, porque alteró la esencia misma del sindicalismo. Los sindicatos dejaron de ocuparse prioritariamente de salarios, condiciones laborales, seguridad en el trabajo o conflictos con la administración. Su misión pasó a ser otra: organizar movilizaciones políticas, campañas agrícolas, actos ideológicos, desfiles y metas productivas dictadas desde el poder. El sindicato dejó de defender al trabajador para convertirse en administrador de su obediencia.
Así murió el movimiento obrero independiente cubano.
Los defensores del régimen sostienen que aquel modelo garantizó el empleo, extendió la seguridad social y universalizó servicios esenciales como la salud y la educación. ¡Verdad a medias!
Ese argumento es parte del debate ideológico. Sin embargo, ninguna política social puede sustituir un derecho fundamental cuando este es abolido. La protección estatal no equivale a la libertad. El bienestar concedido desde arriba nunca reemplaza la dignidad de los derechos ejercidos desde abajo.
La propia concepción de la libertad sindical reconocida por la Organización Internacional del Trabajo comprende principios que hoy resultan inseparables de cualquier democracia moderna: el derecho de los trabajadores a crear organizaciones independientes, elegir libremente a sus dirigentes, negociar colectivamente y recurrir a la huelga dentro del marco legal. Son precisamente esas facultades las que numerosos observadores consideran severamente restringidas en el modelo sindical cubano desde la consolidación del nuevo sistema político.
Sesenta y siete años después de la llegada de Fidel Castro al poder, la evidencia histórica habla con una elocuencia que ningún discurso consigue desmentir. El trabajador cubano continúa sin elegir libremente a sus representantes; el sindicato oficial continúa subordinado al Estado; la negociación colectiva continúa reducida a procedimientos administrativos; la huelga permanece fuera de la práctica política nacional. La historia, paciente y obstinada, termina siempre por comparar las promesas con los resultados.
Los pueblos pueden sobrevivir a la pobreza, incluso a las derrotas militares. Lo que difícilmente sobreviven es a la costumbre de obedecer sin disentir. Cuando una nación pierde la independencia de sus trabajadores, comienza también a perder una parte esencial de su ciudadanía. Porque allí donde el obrero no puede defender su salario, tampoco el ciudadano puede defender plenamente su libertad.
Por eso este centenario no puede medirse por la altura de los monumentos ni por el estruendo de los discursos oficiales. Debería medirse por el silencio de millones de trabajadores que durante décadas son privados de la voz que toda sociedad libre reconoce como propia. Ese silencio constituye quizá la herencia más perdurable del régimen.
Y contra la propaganda, siempre termina imponiéndose el único juez que nunca acepta apelaciones: el tiempo. Porque el tiempo no milita, no vota y no aplaude. Simplemente dicta sentencia.