Es razonable prever que los trabajadores cubanos seguirán enfrentando las mismas imposiciones y restricciones de siempre en sus centros laborales.
Carnegie (Sindical Press) – La atribuida novedad del Código de Trabajo, que entrará en vigor en los próximos días, tras su aprobación por unanimidad —como suele ocurrir en la Asamblea Nacional del Poder Popular—, es un calificativo que no se ajusta a una realidad donde el reciclaje de viejas fórmulas forma parte de una política de Estado que ahoga la coherencia y obstaculiza el verdadero progreso.
Estamos ante otra acción puntual dentro de una estrategia de supervivencia de la élite gobernante, que se niega a ceder espacios de participación real.
Se trata de un recurso más para vender la idea de cambios de fondo cuando, en realidad, las modificaciones se limitan a ajustes superficiales.
La prioridad no parece ser poner en vigor medidas capaces de corregir fallos organizativos y errores conceptuales, sino revestirlos con una narrativa oficial favorable y una retórica de resistencia.
Por más que las autoridades intenten proyectar una imagen de pragmatismo, su objetivo sigue siendo preservar un modelo basado en el control estatal de los medios de producción y el monopolio político de un solo partido.
Basta una mirada al panorama nacional para comprobar la distancia entre ese ideal y la realidad de un país sumido en una profunda crisis económica y social.
La anunciada reforma de las normas laborales, presentada como un beneficio para los trabajadores, difícilmente puede traducirse en mejoras tangibles en un contexto marcado por la escasez crónica, la inflación, salarios insuficientes y el deterioro del sistema electroenergético nacional.
Esperar resultados satisfactorios mediante la modificación de una sola pieza del sistema, sin abordar las transformaciones estructurales que demanda el país, carece de sentido.
Existen además razones fundadas para desconfiar de las promesas contenidas en el nuevo código respecto al fortalecimiento del papel de las organizaciones sindicales en la negociación colectiva o al derecho de los trabajadores a participar en la gestión de los procesos laborales.
El prolongado historial de observaciones formuladas por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) al Estado cubano por el incumplimiento de los Convenios 87 y 98, relativos a la libertad sindical y la negociación colectiva, así como de los Convenios 155 y 187 sobre seguridad y salud en el trabajo, pone en duda la voluntad oficial de garantizar el ejercicio efectivo de esos derechos.
La preservación de los pilares del centralismo político y económico deja poco espacio para pensar que el nuevo código represente un cambio sustancial.
Es razonable prever que los trabajadores seguirán enfrentando las mismas imposiciones, obstáculos y restricciones en sus centros laborales.
También cabe esperar que los integrantes de la Asociación Sindical Independiente de Cuba (ASIC) continúen expuestos al hostigamiento policial y al riesgo de sanciones penales por el ejercicio de su actividad sindical.
En las dictaduras, la discrepancia suele tener un costo. Quien cuestione las reglas del poder o se niegue a aceptarlas corre el riesgo de sufrir represalias.
Nada de ello aparece reflejado en el nuevo Código de Trabajo, que termina convirtiéndose en otro símbolo de la continuidad antes que del cambio.
Está lejos de representar un programa integral de reformas capaz de conducir al país hacia un modelo sostenible, sustentado en el Estado de derecho y el respeto efectivo de las libertades laborales.